Rubalcaba aceptará renovar el Constitucional si le garantizan que Sala seguirá siendo presidente

El vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC), Eugeni Gay, y otros dos magistrados de este órgano, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera, han presentado este lunes su dimisión, aludiendo como causa la tardanza en la renovación de sus cargos, que cumplió el pasado mes de noviembre y que está paralizada en el Congreso de los Diputados al no haber acuerdo entre PP y PSOE sobre los nombres para renovarlos. Se ha especulado que esta dimisión tiene que ver con la reciente sentencia de Bildu, pero no hay nada de eso: de hecho, dos de los dimisionarios votaron a favor de legalizar la coalición abertzale y uno en contra. También se ha alegado en algunos mentideros políticos que el vicepresidente primero del Gobierno y candidato socialista a la sucesión, Alfredo Pérez Rubalcaba, estaba detrás de esta operación. Pero también es falso, según las mencionadas fuentes. La razón de estas dimisiones, sin precedentes en la historia reciente de la democracia española, hay que buscarla en la situación de parálisis que los dos grandes grupos políticos, PP y PSOE, han impuesto al Tribunal Constitucional, al no llegar en el Congreso de los Diputados a un acuerdo para renovar cuatro puestos: uno del fallecido en 2008 Roberto García-Calvo, y tres de los ahora dimisionarios, que cumplieron su mandato en noviembre de 2010: Eugenio Gay y Elisa Pérez Vera (nombrados a propuesta del PSOE) y Javier Delgado (nombrado a propuesta del PP). Las razones por las que populares y socialistas no llegaron a un acuerdo en el Congreso para la renovación se centran especialmente en un nombre: los socialistas se niegan rotundamente a que el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López ocupe uno de los cargos a renovar en el Tribunal Constitucional. López fue portavoz del anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los socialistas, que conocen a la perfección la valía de López moviéndose entre bastidores, no aceptan el 'peligro' que según ellos supone tener a este magistrado en el Constitucional. El PSOE se cierra en banda al respecto, pero el PP también, en sentido contrario. Sin embargo, con este golpe de efecto de tres magistrados la cosa cambia. Ambos partidos están abocados a entenderse. Las dimisiones no han sido aceptadas por el presidente del Constitucional, Pascual Sala (lea comunicado de la Presidencia). Condición sine qua non: que Sala siga siendo presidente Según fuentes jurídicas consultadas por Diariocrítico, no es cierto, por lo dicho anteriormente, que Alfredo Pérez Rubalcaba esté detrás de esta operación, como se ha especulado en algunos mentideros políticos. La misma le habría cogido de forma sorpresiva; pero tampoco es cierto que el PP lo esté controlando, como se dice en otros mentideros. Y es en este punto donde surge el nombre de la discordia: Enrique López. Según medios jurídicos, el PSOE -es decir, Pérez Rubalcaba- estaría dispuesto ahora a llegar a un acuerdo que incluyera a López si el PP le garantiza sin lugar a dudas que tras la renovación Pascual Sala va a seguir presidiendo el Tribunal Constitucional. Tras la renovación, la correlación de fuerzas quedaría así: siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores. La mayoría progresista es evidente, pero entre los mismos se encuentra el magistrado Manuel Aragón, que no siempre vota 'a piñón fijo' con este sector. Por ejemplo, en la anterior sentencia de Bildu, cuando Aragón se descolgó del sector progresista y votó con el bloque conservador en contra de la coalición abertzale. Si se propusiera la elección del presidente y se presentara, por ejemplo, el magistrado Ramón Rodríguez Arribas disputándole la candidata a Sala, cabría la posibilidad de que Aragón votara por Rodríguez Arribas, produciéndose un empate. Como Rodríguez Arribas es de mayor edad, sería presidente. Y es lo que Rubalcaba no quiere. Los dimisionarios Javier Delgado, nombrado a propuesta del PP, fue uno de los cuatro magistrados del TC que el pasado mes de mayo presentaron voto particular contrario a permitir la concurrencia de Bildu a los últimos comicios municipales. También presentó este magistrado un voto discrepante a la sentencia sobre el Estatut de Cataluña, en el que calificaba la postura del resto de sus compañeros de "radical"  y advertía que, con su posición sobre este asunto, el alto tribunal había "desbordado ampliamente" las funciones que le atribuía la propia Constitución. Elisa Pérez Vera, designada a propuesta del PSOE, fue la primera ponente de la sentencia del Estatut, que fue rechazada tras la presentación de hasta 5 borradores, lo que obligó a designar en la ponencia sobre este asunto al actual presidente del TC, Pascual Sala. Gay, por su parte, ha votado siempre con el sector progresista de este órgano con excepción del recurso del PP contra la Ley del Aborto, asunto en el que este magistrados se posicionó a favor de la suspensión de la norma. Los bloqueos parlamentarios El pasado 30 de diciembre el presidente del Congreso, José Bono, dio por cerrado el plazo para proponer candidatos a la renovación del Tribunal Constitucional  y, como el PSOE y el PP seguían sin alcanzar un acuerdo, optó por dejar todo el proceso en suspenso a la espera de que los dos grandes partidos decidan poner sus nombres sobre la mesa. El PSOE y el PP acordaron que, de los cuatro miembros que corresponde elegir al Congreso, dos de ellos habrían de ser propuestos por los socialistas y otros dos por los 'populares'. Bono había puesto en marcha un mes antes, el 30 de noviembre de 2010, los mecanismos institucionales para esta renovación parcial del TC y, a la espera del acuerdo entre los dos grandes partidos, prorrogó dos veces el plazo para presentar candidatos. El principal escollo que ha encontrado el proceso es el rechazo por parte de los socialistas de la candidatura del magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López para cubrir este puesto, a la que los populares no quieren renunciar. La última renovación se produjo el pasado mes de enero, cuando cuatro nuevos magistrados designados por el Senado tras tres años de retraso tomaron posesión de sus cargos: se produjo el cese de la hasta entonces presidenta, María Emilia Casas, y de los otros tres magistrados cuyo mandato había caducado en diciembre de 2007, todos ellos situados en el denominado "sector conservador": Vicente Conde, Jorge Rodríguez-Zapata y el vicepresidente del tribunal Guillermo Jiménez. Los cuatro juristas finalmente consensuados en la cámara alta y que juraron o prometieron sus cargos fueron el ex presidente del Tribunal Supremo Francisco José Hernando y los juristas Adela Azúa, Luis Ignacio Ortega y Francisco Pérez de los Cobos.   Lea los escritos de renuncia de los magistrados: Eugeni Gay | Javier Delgado | Elisa Pérez Vera Los dimisionarios: dos progresistas y un conservador | Lea comunicado de la Presidencia