En el escrito de 168 páginas se solicita al alto tribunal que impida que Sortu pueda inscribirse en el Registro de Partidos Políticos, y que no desarrolle actividad política de ningún tipo.
Según explica la nota de prensa, la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que Sortu ha sido diseñado, creado y aprobado por Batasuna con la única finalidad de mantener su presencia en la vida pública y participar en las elecciones.
Igualmente, en el escrito se analiza la actitud de Sortu en relación con los actos terroristas de ETA y más en concreto su posición respecto de las últimas actuaciones policiales y de kale borroka.
La Fiscalía considera que Sortu "es producto de Batasuna". "La única posibilidad que tenía para desvincularse totalmente de Batasuna y de ETA y figurar como un proyecto nuevo era acreditar públicamente su ruptura con aquéllas, con un rechazo explícito y claro de los actos terroristas de ETA, lo que evidentemente no sucede en este caso", indica el Ministerio Público.
Uno de las principales pruebas contra Sortu detectadas por la Fiscalía es la existencia de conexiones con ETA y Batasuna en el caso de tres de las personas que comparecieron en los actos públicos de Sortu, según reflejan los informes policiales.
Entre los indicios que sustentan la demanda se encuentran también la intervención de notorios dirigentes de Batasuna en la presentación del nuevo proyecto y la documentación incautada por las fuerzas policiales que revelan la existencia de un largo proceso de gestación de este partido, que se remonta a principios del año 2010, proceso que nació y se desarrolló en el seno de Batasuna. A la vista de estas pruebas, la Fiscalía General del Estado ha pedido a la Sala del 61 que celebre "vista pública".
El martes se estudiará la demanda
La denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo, la competente para aplicar la Ley de Partidos Políticos, no se reunirá hasta las 10.00 horas del martes para estudiar la demanda que la Fiscalía ha interpuesto este lunes contra la inscripción de Sortu en el registro del Ministerio del Interior, han informado fuentes del alto tribunal.
En la sesión de mañana se resolverá, previsiblemente, la admisión de esta demanda, al igual que hizo el pasado jueves en relación con el escrito en el mismo sentido que había presentado la Abogacía del Estado. En dicha ocasión, la resolución del Supremo supuso la paralización de los trámites de inscripción del partido abertzale, por lo que ya no existe tanta prisa para tramitar la petición realizada por el Ministerio Público.
La Fiscalía General del Estado ha aportado en su demanda contra la inscripción de Sortu presentada este lunes ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo nueve indicios que conectan a ETA y Batasuna con la nueva formación. Esta demanda será seguramente acumulada a la entregada por la Abogacía.
Calendario
El Tribunal Supremo pretende agilizar al máximo la resolución de este asunto "ante la exigencia de cohonestar (compatibilizar) el procedimiento incidental con la convocatoria de elecciones" municipales y forales prevista para el próximo 28 de marzo.
Para ello, el alto tribunal ha habilitado los sábados y los domingos de tres fines de semana del mes de marzo, lo que les permitirá reunirse si es necesario, entre las 8.00 y las 15.00 horas de los fines de semana del 5, 6, 12, 13, 19 y 20 de marzo, según se señala una providencia dictada el pasado viernes por el presidente de este tribunal, Carlos Dívar.
Ya en su resolución del jueves, relativa a la demanda de los Servicios Jurídicos del Estado, se señalaba en siete días el plazo dado a Sortu para personarse y presentar alegaciones a las demandas que se tramitarán contra ella. Por otro lado, se dieron cinco días para alegar tanto a la Fiscalía como a Batasuna, a ésta última a los efectos de considerarla parte del procedimiento en el que la Abogacía ha presentado incidente de ejecución.
Esta Sala, competente para dirimir la cuestión según establece la Ley de Partidos Políticos, está integrada por el presidente del Tribunal Supremo,
Carlos Dívar, los presidentes de la Sala de lo Civil (
Juan Antonio Xiol Ríos), de lo Penal (
Juan Saavedra Ruiz), Contencioso-Administrativo (
José Manuel Sieira Míguez), Social (
Gonzalo Moliner Tamborero) y Militar (
Ángel Calderón Cerezo).
Como magistrados más antiguos están
Jesús Corbal (Sala de lo Civil),
Carlos Granados Pérez(Penal),
Ricardo Enríquez Sancho (Contencioso),
Aurelio Desdentado Bonete (Social) y
José Luís Calvo Cabello (Militar), han informado este jueves fuentes del alto tribunal.
Los más modernos, todos nuevos a la hora de deliberar sobre la aplicación de la Ley de Partidos Políticos, son
Rafael Gimeno-Bayón Cobos (Civil),
Alberto Jorge Barreiro (Penal),
Carlos Lesmes Serrano (Contencioso)
Manuel Ramón Alarcón Caracuel (Social) y
Francisco Javier de Mendoza Fernández (Militar).
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