Sin papeles, sin sanidad, sin decreto

Lo peor que puede hacer un Gobierno es faltar a la seguridad jurídica, a la equidad y a los derechos humanos. Y hasta a la salud pública. Allá por el mes de septiembre, este Gobierno aprobó una medida que algunos aplauden, pero que es una absoluta falta de respeto a los derechos humanos: privar a los inmigrantes sin papeles - se calcula que unos 150.000- de asistencia sanitaria, salvo en casos de urgencia, parto, postparto y pediatría. Se trataba, al igual que las tasas judiciales, de una nueva forma de recaudar o de una "invitación" a que se fueran. Si querían disfrutar de asistencia sanitaria debían hacerse un seguro público y pagar 710 euros -el doble para los mayores de 65 años- para disfrutarla. 

Seis meses después, los inmigrantes sin papeles que residen en Baleares, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Aragón tienen que pagar por la asistencia sanitaria -y como es normal no la piden salvo en casos extremos-. Incluso si van a Urgencias parece que se les factura, aunque no se les cobra... de momento. Sin embargo, si están en Andalucía, Asturias, Cataluña, País Vasco o Navarra sí les atienden. Y en alguna otra comunidad lo hacen mediante algún subterfugio más o menos legal. Pero lo hacen. Se ha denunciado, incluso, que a una mujer inmigrante le han pasado una factura de 3.337 euros por un parto de cuando aún no tenía papeles. Hay organizaciones solventes que denuncian que menores, embarazadas y otros pacientes han tenido graves dificultades para ser atendidos. El peligro sanitario es evidente y también el de que algunas enfermedades se vuelvan crónicas.

Privar de asistencia sanitaria a inmigrantes que, pese a estar en situación irregular, están empadronados o reciben asistencia educativa, es un disparate social y sanitario. Todavía es peor que tengas o no ese derecho en función de que vivas en una autonomía o en otra, de que haya médicos objetores o no, de que haya una norma más o menos laxa, más o menos estricta. Y es igual de grave que esa póliza de salud de 710 euros que anunció el Gobierno aún no exista. Es decir, cornudos y apaleados. O lo que es lo mismo, solos en un país extraño, sin trabajo, sin vivienda, sin derechos y sin asistencia sanitaria. Y el que no esté de acuerdo que se vaya.

Muchos de estos inmigrantes son doblemente víctimas de la crisis. Vinieron cuando había trabajo y muchos empresarios se aprovecharon de ellos porque no tenían papeles. Cuando el paro se ha convertido en una pesadilla para todos, han sido excluidos y marcados por no tener papeles. No pueden vivir aquí y tampoco pueden marcharse a ninguna parte. Su desprotección es brutal. Hasta se ha amenazado con castigar legalmente a quienes les acogen. Son personas y son especialmente vulnerables. Tienen derecho a ser tratadas con dignidad. Y la asistencia sanitaria, como la educación, es irrenunciable. Los costes de la crisis no pueden caer otra vez más sobre los más desfavorecidos.

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