Grupo Zeta confirma el ERE que afectará a 422 personas

El texto recoge, no obstante, la prórroga del periodo de consultas del Expediente,  condicionando la ejecución de los despidos a la obtención de la financiación necesaria para el proceso de reestructuración.

    A partir de este martes comienza un periodo de adscripciones voluntarias al expediente, que finalizará dentro de quince días. A iniciativa de UGT, el acuerdo recoge una doble fase de voluntariedad, tanto en las adscripciones al ERE como en la reubicación y la cobertura de vacantes, incluso entre comunidades autónomas, generada en la primera fase de voluntariedad.

Protección embarazadas

    La empresa podrá ejercer únicamente un derecho de veto condicionado. A iniciativa de UGT, se han incluido las cláusulas basadas en criterios sociales que garanticen la no discriminación y los supuestos incluidos en la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar. Entre otros, la protección de embarazadas, personas con hijos o dependientes a su cargo, trabajadores con edades comprendidas entre los 45 y la edad pactada de prejubilación, así como que las medidas no afecten a los dos miembros de un matrimonio o pareja de hecho cuando ambos trabajen en el grupo, excepto en los casos voluntarios o de cierre de centro de trabajo. 

    Las indemnizaciones pactadas oscilan entre los 48 días por año trabajado para aquellos trabajadores y trabajadoras con un sueldo de hasta 25.000 euros anuales; los 45 días para sueldos de hasta 35.000 euros; y los 31 días por año trabajado para quienes cobren más de 65.000. Todos estos tramos son sin tope de ninguna clase.

    Las prejubilaciones oscilan desde el 83% del salario bruto más convenio especial, para el personal con una retribución de hasta 35.000 euros hasta el 63% más convenio especial para los que cobren más de 75.000 euros.

    Entre las novedades incluidas en el texto se plantea que el trabajador pueda acogerse a la indemnización más beneficiosa. Y, a iniciativa de UGT, el que, en caso de fallecimiento se beneficien los herederos (legales o designados) del titular de la póliza del programa de garantía de rentas hasta que el trabajador cumpliera los 63 años, así como la protección de los trabajadores afectados por posibles futuras desinversiones del grupo.