Cuando los profesionales son estafados por el Estado

El borrador del Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales supone una vuelta de tuerca más en la trasposición a nuestro ordenamiento interno de la Directiva de Servicios en el Mercado Interno 2006/123 CE del Parlamento Europeo, que ya se llevó a cabo, con gran polémica, con las Leyes 1/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  y con la Ley Omnibus número 25/2009, de 22 de diciembre.

Estas normas suponen una clara legalización del intrusismo en numerosas profesiones, lo que ha desatado la ira de los colectivos profesionales, y con razón.

Estamos en un país en el que, al menos hasta ahora, la formación académica y profesional,  con el fin de conseguir un número adecuado de profesionales comparable al resto del continente, supuso un esfuerzo sin parangón para el Estado, con la creación y sostenimiento de universidades, y para los titulados, que dedicaron para de sus años de juventud a  dotarse de la mejor formación posible.

Además, la normativa cada vez venía siendo más exigente, en numerosos ámbitos profesionales, tanto sanitarios, técnico-constructivos, jurídicos, aunque casi siempre con un claro ánimo recaudatorio, lo que exigía de los profesionales mantenerse constantemente actualizados.

Pero ahora hemos comprobado que todo ese esfuerzo personal y colectivo dejará de tener sentido. Estamos en el camino en el que todos podremos hacer de todo, desde firmar un proyecto de arquitectura, asumir un proceso judicial, hacer un cálculo de estructuras, sin ningún tipo de control incluso careciendo de la experiencia necesaria para ello.

No es sólo éste el peligro de la nueva regulación, sino la ruina económica y profesional de nuestro país. Es lógico que las personas que han invertido su tiempo, sus ahorros, sus conocimientos en su desarrollo profesional, en muchos casos con cuantiosas inversiones (véase farmacéuticos, taxistas, etc.) ahora tendrán que competir con quienes pueden desarrollar esas profesiones sin las costosísimas exigencias que ellos tuvieron, y ahora también podrán representarse y casi defenderse en procesos judiciales, hacer el proyecto de construcción de su casa,  convertirse en asesores fiscales y contables.

Y esto constituye un engaño vital y social del Estado, que genera además un agravio comparativo irreparable en numerosos ámbitos económicos.

Hay que decir que esta norma es claramente perjudicial para los ciudadanos, que verán significativamente mermada la calidad de los servicios que reciben; al igual que para los profesionales que no podrán competir con usos tan liberales y tan poco proteccionistas para aquellos.

Ganarán, algunos colegios, como los de Abogados, que efectivamente, como se ha publicado en Diariocrítico, verán incrementados sus colegiados..., pero los abogados no podremos dar un mejor servicio a los clientes, al tener que asumir  las funciones propias y las de otros profesionales, lo que supondrá, en muchos casos, una merma  de la calidad del servicio, como lo supondrá también el asesoramiento jurídico, la ejecución de obras y proyectos, y el resto de profesiones afectadas por esta norma.

Lo cierto es que, si la pretensión es de una liberalización total, quizá sea el momento de plantearnos si lo conveniente sería perseguir la protección total del profesional, garantizando la mayor y mejor profesionalización  en cada sector, sin permitir intrusismos (por aquello de "zapatero a tus zapatos") y al mismo tiempo reducir las competencias de las Corporaciones profesionales, que si que pueden suponer un obstáculo a esta política.

Esta medida sí que permitiría efectivamente una supresión de las trabas al libre ejercicio profesional, así como falta de control y ahorro de cuantiosos gastos a los profesionales que se ven obligados a adscribirse a los mismos para desarrollar su profesión.

No será posible prestar la misma calidad del servicio a quien se ve obligado a ampliar su ámbito de actuación profesional incluso en aspectos que son competencias de otros profesionales, además reduciendo el precio del servicio. Cuando la tendencia debería ser la estandarización de agrupaciones de profesionales de distintas especialidades para garantizar un mejor servicio al cliente. Es decir lo deseable sería tener un buen abogado o abogada asumiendo la dirección jurídica y un buen procurador o procuradora representando al cliente; un buen arquitecto o arquitecta realizando el proyecto, un buen ingeniero o ingeniera realizando cálculos de estructuras, un buen arquitecto o arquitecta técnico apoyando al arquitecto, un buen delineante realizando los planos, etc.

Pero lo que se nos ofrece es que no importa la titulación que Vd. tenga: si se colegia podrá hacer todo aquello  que se encuentre dentro del ámbito competencial de su colegio.


* Concepción Trabado es abogada y socia del bufete SF Abogados