La reforma que el mundo local necesita
miércoles 27 de noviembre de 2013, 11:53h
La
crisis que comenzó en 2007 se ha cebado cruelmente con nuestro país, con una
reducción de nuestro Producto Interior Bruto y un aumento del paro que se ha
acentuado y agravado dramáticamente en los últimos meses. Ante esta situación
adversa, el Gobierno ha elegido la estrategia equivocada y se ha agarrado como
un clavo ardiendo a las políticas dictadas por algunos gobiernos europeos, que
ahora empiezan a sufrir en sus carnes los efectos de esta letal estrategia.
La
receta diseñada desde algunos gobiernos y organismos plantea como única
solución la reducción drástica del gasto público, de las prestaciones públicas
en una equiparación simplista y errónea de gasto público con gasto
improductivo, negando el efecto multiplicador de la actividad económica que tiene
el gasto público "inteligente". Dentro de esta decisión de criminalizar el
gasto, la primera opción que se planteaba era la reducción del entramado
institucional y administrativo español alentada por las instituciones europeas
que animaban, sin determinar destinatarios concretos, a reducir el número y
grosor de las Administraciones Públicas españolas.
Las
entidades locales han sido señaladas en el punto de mira del Gobierno español
que ha cerrado los ojos conscientemente a las verdaderas cifras de las cuentas
municipales, puesto que hasta 3.500 ayuntamientos, el 40% del total, tienen
superávit presupuestario, y en términos globales los Ayuntamientos cerraron el
año 2012 con un déficit que fue la mitad del compromiso adquirido ante el
Gobierno: un 0.15% en vez de un 0.30%. De hecho sus buenos resultados
presupuestarios y financieros han sido destacados por el Ministro Montoro que
ha reconocido el esfuerzo y el éxito de la gestión municipal.
Estas
son las cifras objetivas y los datos. Sin embargo, el Gobierno ha tomado una
decisión errónea basada en un argumento falso: hacer a las entidades locales
responsables y, por tanto, culpables del déficit público y por ello afirmar que
si suprime una buena parte de la estructura local del Estado quedará resuelta la
crisis que nos golpea. Esta opción política se ha hecho no desde criterios
objetivos sino desde el convencimiento ideológico de que sobra Estado,
principio por otra parte que propicia intencionadamente la privatización de los
servicios públicos y en esta ruta se ha elegido a los Ayuntamientos como
víctimas indefensas más fáciles de someter, al considerar que su dispersión y
diversidad los puede convertir en administraciones más débiles y menos
ahormadas que las Autonomías o la Administración General del Estado.
El
modelo socialista de régimen local parte de un análisis riguroso de la realidad
existente en nuestro país y de los desafíos a los que se enfrentan los
municipios españoles. Ese nuevo diseño se apoya en cuatro pilares básicos sobre
los que se asienta nuestro modelo.
El
primer pilar hace referencia a la necesaria transparencia y buen gobierno en la
manera de dirigir y gestionar los Ayuntamientos españoles. En este momento, de
nueva transición de la vieja democracia a la que tenemos por inventar por exigencia de la sociedad, los Ayuntamientos
deben erigirse nuevamente, casi 40 años después, en el laboratorio de nuevas
fórmulas y nuevos métodos.
La
transparencia que debe presidir el ámbito municipal tiene dos vertientes
fundamentales; una, referida al ciudadano, ya que tiene por misión que todos
tengamos al frente de nuestras ciudades, de nuestras provincias instituciones
abiertas que ofrezcan todos los datos necesarios para conocer sus aspectos
fundamentales y sus líneas de actividad y otra línea de transparencia, referida
al propio funcionamiento interno de las instituciones, que posibilite y
fortalezca el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos,
facilitando por tanto el control político del gobierno local.
En
segundo lugar, el modelo socialista aborda la definición de la
intermunicipalidad en España. Si partimos del dato de nuestro
inframunicipalismo, 8.116 municipios españoles reconocidos como en el caso
francés no por reunir determinados niveles mínimos de territorio, población o
riqueza, sino por el mero hecho de existir y tener presencia social reconocida
como núcleo diferenciado, la solución no puede ser la del Gobierno del Partido
Popular de santificar la existencia conjunta de Diputaciones, Mancomunidades,
Comarcas, Consorcios y veguerías pues es simplemente una salida tramposa y
enormemente cara ante el desafío de articular una respuesta a la necesidad de
fórmulas de intermunicipalidad.
Desde el Partido Socialista asumimos la
necesidad de buscar fórmulas de asistencia y colaboración con los municipios
pero siempre partiendo de dos principios básicos:
-
En cada territorio la opción puede ser diferente, pues la orografía, la
densidad de población, el nivel de renta y otros factores no son iguales, lo
que puede y debe conducir a que las soluciones optimas de intermunicipalidad
sean diversas. Así pues, si hay un aspecto donde el famosísimo carácter
bifronte del régimen local tiene sentido es en éste. Se deberá contar con las
Comunidades respectivas para llegar a la solución más ajustada a cada
territorio.
-
La existencia de una opción intermunicipal debe ser determinando una fórmula de
referencia y no cinco. La racionalidad en el gasto público impone que haya un
único nivel de asistencia y no que existan cinco por la falta de coraje político
para racionalizar el mapa institucional.
En
tercer lugar, nuestro modelo traza un nuevo universo competencial de los entes
locales. El primer paso de la reforma sería recoger en el texto constitucional
el núcleo de las competencias locales y la previsión de su regulación por Ley
Orgánica. Debemos señalar que ésta debería enumerar una serie de competencias
no disponibles para los legisladores sectoriales (estatales o autonómicos). Las
competencias deben configurarse como el marco jurídico que permita el despliegue
de políticas propias.
Conviene,
pues, tener clara la definición de competencias: funciones sobre materias.
Cuanto más precisa sea la función y más específica la materia más garantías de
exclusividad. Baste recordar, para ilustrar esta definición, el contraste entre
la propuesta que el gobierno hace y la legislación vigente en materia de
servicios sociales: mientras que la actual Ley de Bases alude a la 'promoción y
reinserción', el proyecto del Gobierno degrada la intervención municipal a 'la
detección de situaciones de exclusión y a la atención excepcional', una especie
de derecho de participación limitado y transitorio que impide el ejercicio de
competencias propias y, consiguientemente, la singularización, territorial y
demográfica, de las políticas sociales.
La
autonomía municipal ha de expresarse en competencias propias, en ningún caso en
servicios obligatorios. Las mismas materias no pueden, simultáneamente,
regularse como eventuales competencias atribuibles por los legisladores
sectoriales y como servicios obligatorios previstos en las bases estatales.
Carece de justificación, además, que los servicios obligatorios se gradúen por
tramos de población atendiendo, supuestamente, a la correlación entre nivel
demográfico y capacidad de gestión del municipio. Esta regulación provoca la
discriminación por razón de la vecindad administrativa: disfrutan de más
derechos los vecinos de los municipios con mayor número de habitantes.
Finalmente,
habrá que hacer una reforma profunda y sosegada de la financiación de las
entidades locales españolas que la inserte plenamente dentro de un modelo de
integral de financiación y que supere el actual desplazamiento de la
financiación local a un papel secundario respecto a la financiación autonómica.
[*] Gaspar
Zarrías es secretario de Ciudades y Política Municipal de la Ejecutiva Federal
del PSOE