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Cristina Kirchner se sale con la suya

Marsans recurre la expropiación de Aerolíneas Argentinas

Marsans recurre la expropiación de Aerolíneas Argentinas

miércoles 17 de diciembre de 2008, 22:48h
El Parlamento de Argentina ha convertido este miércoles en ley un proyecto que habilita al Estado a expropiar Aerolíneas Argentinas y sus subsidiarias al grupo español Marsans. Las negociaciones abiertas en julio han fracasado por las diferencias en la tasación entre los actuales propietarios y el Gobierno argentino. El proceso ha vivido momentos de verdadera tensión. La iniciativa fue aprobada en el Senado con 42 votos a favor y 21 en contra, tras un debate de casi cinco horas en el que el oficialismo hizo pesar su mayoría. La compañía Interinvest, accionista controladora de Aerolíneas Argentinas y Austral,  ha iniciado una demanda ante el CIADI, el tribunal de resolución de controversias que depende del Banco Mundial, para reclamar la expropiación de esas dos compañías.
En el debate de este miércoles, las principales fuerzas de la oposición se manifestaron a favor de la "recuperación" de la empresa, pero no de que la compañía sea expropiada en su conjunto. El oficialismo, en tanto, defendió la expropiación al alegar que dejar quebrar la aerolínea hubiera supuesto dejar al país sin servicio aéreo y a miles de trabajadores en la calle. El titular del Personal Técnico Aeronáutico, Ricardo Cirielli, celebró el "fin de 18 años de saqueo" de Aerolíneas "a través del capital español estatal y privado", pero señaló que es "necesario que se investigue judicialmente la administración fraudulenta realizada por los dueños de Marsans".

Proceso tortuoso


La Ley de Expropiaciones de Argentina, aprobada en 1977, establece que el objeto de expropiación debe ser antes declarado de "utilidad pública" y que por él debe pagarse una indemnización que "solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación". Según esta norma, el Estado deberá pagar la indemnización de acuerdo a lo que establezca el Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo que ya determinó que Aerolíneas tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que el Estado debería pagar un "valor simbólico" de un peso. Para Marsans, dueño del 94,41% de Aerolíneas, la compañía vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.

Una comisión parlamentaria recomendó hace un mes debatir esta ley de expropiación, después de que Marsans rechazara vender la empresa al Estado argentino por un "valor simbólico". El Gobierno argentino y el grupo español firmaron en julio pasado un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al Estado de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes. El grupo español ha advertido que demandará al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial.

 Marsans recurrirá

"Los accionistas controlantes de Interinvest hemos iniciado un arbitraje bajo el tratado de protección recíproca de inversiones entre la República Argentina y el Reino de España ante el CIADI en Washington DC. Con el arbitraje se busca la compensación monetaria por la confiscación que el Estado Nacional Argentino está instrumentando y por todas las violaciones a los tratados que han ocurrido en los últimos años", sostuvo Interinvest, perteneciente a Marsans, en un comunicado.

   La empresa dijo estar "en completo desacuerdo" con la confiscación de las acciones de la compañía en dichas aerolíneas resuelta hoy por el Congreso de la Nación Argentina. Esta compañía considera que la confiscación es arbitraria e ilegítima, porque contradice lo acordado entre Interinvest y el Estado Nacional en julio pasado, cuando el Gobierno argentino se comprometió a comprarlas".

   La empresa recordó que el gobierno y Marsans firmaron un acta acuerdo el 17 de julio que "se basó en la estipulación del pago de un precio fijado de común acuerdo entre Interinvest y el Estado Nacional". A falta de acuerdo, dicho precio lo determinaría un tercer árbitro independiente, "que nunca ha sido convocado".

   La compañía dijo haber sido "seriamente perjudicada" por la falta de una política adecuada del Gobierno para el transporte aerocomercial. "Esta carencia es evidente por el congelamiento de las tarifas, la negativa por parte de las autoridades competentes a otorgar subsidios ante el extraordinario aumento del combustible y el incumplimiento de medidas que el Gobierno reconoció siempre como necesarias yurgentes".
 
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