LAS ENMIENDAS A LA 'PONENCIA MARCO' DEL 37º CONGRESO SOCIALISTA

Actualización de la legislación sobre aborto

Los delegados del 37º Congreso continuarán esta mañana el debate de la Ponencia Marco y las enmiendas en el seno de las Comisiones constituidas anoche. Los socialistas aprobarán una enmienda a favor de revisar y actualizar la legislación sobre el aborto.


TEXTO DE LA ENMIENDA TRANSACCIONAL SOBRE EL ABORTO

Nuestro objetivo es garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de toda la población y muy especialmente de las mujeres, incluyendo el derecho al control de la maternidad, a través de una adecuada información y uso universalizado de métodos anticonceptivos, con la finalidad de reducir el número de embarazos no deseados.

Consideramos que es necesaria la revisión y actualización de la legislación sobre el aborto, tras 23 años de su entrada en vigor, por los profundos cambios sociales y médico-científicos que han tenido lugar durante esta etapa y los avances logrados en materia de los derechos de las mujeres.

Apoyaremos la creación de un grupo de expertos y expertas que revisen el funcionamiento de esta ley y hagan una nueva propuesta para mejorar nuestra legislación, recogiendo las experiencias más innovadoras de las leyes europeas de indicaciones y plazos.

Desde el Partido Socialista defendemos tres criterios fundamentales en esta materia: la equidad territorial en la prestación de este servicio que debe estar incluido en la red sanitaria pública o concertada, garantizado la accesibilidad; la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres y de los y las profesionales que las atienden y el respeto a la voluntad de las mujeres y al derecho a decidir sobre el control de su maternidad.


La importancia de la asignatura de Educación para la ciudadanía


Los socialistas aprobarán una enmienda en la que subrayan la importancia de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.


TEXTO DE LA ENMIENDA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS

La educación es una experiencia global que se desarrolla a lo largo de toda la vida porque no se refiere única y exclusivamente a la memorización y adquisición de conocimientos. Es imprescindible transmitir y sentir los valores democráticos, tener una actitud activa ante la vida, realizar el esfuerzo por superarse y aprender a vivir y a convivir, encarar el reto que supone tomar y asumir las propias decisiones y aprender a equivocarse, sentir que formamos parte de una sociedad con una serie de valores y normas con libertad y responsabilidad

La cultura democrática no es inherente a la naturaleza humana. Hay que construirla y transmitirla en la familia, en los centros educativos, en la comunidad.  Este es el motivo por el que pensamos que enseñar ciudadanía democrática, la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, es una precondición para la coexistencia de una sociedad democrática.

Una democracia madura, occidental y desarrollada como la nuestra debe preocuparse y ocuparse de formar a sus ciudadanos en los valores constitucionales comunes compartidos. Los Derechos Humanos, la dignidad, la convivencia, la responsabilidad social, el pluralismo, la tolerancia, el respeto, la ética y la igualdad, entre otros, son valores que hay que transmitir dándoles un espacio y un tiempo en el currículo escolar, además de constituir una base transversal de referencia para todos y para todo.

Desde esta convicción nace Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, desde el deseo y la obligación de los poderes públicos de encontrar la forma de transmitir a nuestros jóvenes estos valores.

La cohesión de toda sociedad humana procede de un conjunto de actividades y de proyectos comunes, de valores compartidos, que constituyen otros tantos aspectos de la voluntad de vivir juntos. Con el tiempo, esos vínculos se enriquecen y originan el sentimiento de pertenencia y de solidaridad. Así, la educación tiene, por un lado, el cometido de establecer entre los individuos vínculos sociales procedentes de referencias comunes y, por otro, la finalidad del pleno desarrollo del ser humano en su dimensión social. Pero su más alta ambición es brindar a cada cual los medios de una ciudadanía consciente y activa, cuya plena realización sólo puede lograrse en el contexto de sociedades democráticas.

La educación no puede únicamente aleccionar a través de conceptos los valores democráticos. Debe saber transmitirlos, enseñarlos en la práctica y responder también a la pregunta: vivir juntos ¿con qué finalidad? ¿para hacer qué? Y dar a cada alumno la capacidad de participar activamente durante toda la vida en  un proyecto de sociedad, reforzando el sentido de ciudadanía. Hay que preparar a cada persona para esa participación, enseñándole sus derechos, sus deberes y sus obligaciones, desarrollando también sus competencias sociales. La educación tiene la misión de transmitir las normas de convivencia comunes de la sociedad, que son las que la fortalecen y fomentan su cohesión. Y debe, también, forjar la capacidad crítica que permite un pensamiento libre y una acción autónoma, respetando los derechos fundamentales de cada individuo.

El desarrollo de un comportamiento cívico responsable puede y debe fomentarse desde una edad muy temprana. La Educación para la Ciudadanía, que incluye el aprendizaje de los derechos y deberes de los ciudadanos, el respeto por los valores democráticos y por los derechos humanos,  y de la importancia de la solidaridad, tolerancia y participación en una sociedad democrática, está considerada como instrumento para que niños y jóvenes se conviertan en ciudadanos responsables y activos.

Los valores son, en nuestro caso, los valores de la Constitución que todos compartimos. Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está avalada por una serie de normas y recomendaciones tanto estatales como internacionales. Precisamente, el año 2005 fue dedicado por el Consejo de Europa como el Año Europeo de la ciudadanía a través de la educación. No debemos olvidar que la Constitución Española de 1978 establece en su artículo 27.2 que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”

Así, la nueva asignatura en Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, lejos de ser adoctrinamiento ideológico, no es más que el resultado de  un robusto cuerpo normativo y orientador producido a lo largo de las últimas seis décadas en el seno de las Naciones Unidas en materia de educación y derechos humanos, recogido en España primero por la Constitución Española de 1978 y ahora por el proyecto de Ley Orgánica de la Educación, además de estar siendo aplicado en la inmensa mayoría de los países europeos.

Sorprende, por tanto, que en un país como el nuestro que no se ha caracterizado históricamente por el reconocimiento público y legal de los derechos de ciudadanía a sus habitantes, cuando se consiguen constitucionalmente y se pretende formar cívicamente en ellos, el Partido Popular alce su voz contraria a su inclusión en los programas escolares, actitud irresponsable que apoya y anima a utilizar métodos ilegales como es la objeción de conciencia, porque proponen un rechazo basado en el incumplimiento de una norma democráticamente elaborada y aprobada, incluso sin objeciones por parte del Consejo de Estado. Sin ir más lejos, el propio Consejo Escolar del Estado acaba de aprobar un dictamen donde insta a las Administraciones Educativas a desechar la objeción de la asignatura en sus territorios.



Consolidación de la laicidad del Estado

Los socialistas aprobarán una enmienda a favor de la consolidación de la laicidad del Estado. Así se desprende de la enmienda que van a debatir y aprobar  hoy los delegados que pertenecen a la Comisión “Nuevas políticas e instituciones para una sociedad en igualdad”.
 

TEXTO DE LA ENMIENDA MÁS LAICIDAD PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA     

La concepción laica del Estado es una seña de identidad del ideario político del socialismo. La afirmación de la dignidad humana representa para nuestra tradición ideológica la defensa de la autonomía moral y la promoción activa de la libertad religiosa y de conciencia. La laicidad del Estado es por ello consustancial a la libertad, la igualdad y los derechos humanos, esto es, al ideal de ciudadanía. Es principio necesario de convivencia y uno de los pilares esenciales de la democracia y el Estado de derecho.

Esta concepción es contraria a toda restricción religiosa de la libertad de los ciudadanos, así como a toda imposición eclesiástica sobre las leyes de un parlamento soberano, pero no es antirreligiosa. El Partido Socialista sostiene que la democracia y la religión no con incompatibles. La democracia proporciona el mejor marco a la libertad de conciencia, al ejercicio de la fe y el pluralismo de las religiones, evitando así derivas fundamentalistas; por su parte la religión por su contribución a la producción moral, a la cohesión social y a la expresión cultural es un complemento valioso de la sociedad democrática.

La promoción activa de un Estado laico ha traído a nuestra convivencia logros no fáciles, que sin embargo hoy son compartidas por toda la sociedad. Es el caso de la libertad de cultos, el matrimonio civil, el divorcio, la secularización de los cementerios, la enseñanza laica, la universidad pública y la separación entre Estado e Iglesia católica. La laicidad es también más tolerancia en la aceptación del hecho religioso.

Hoy los socialistas estamos firmemente comprometidos con la laicidad que la Constitución Española otorga al Estado español (CE 16). La laicidad constitucional, fruto de un pacto entre los españoles, no es una propuesta para la confrontación sino para garantizar las libertades y para construir la convivencia de una ciudadanía plural en valores y creencias.

Con todo, 30 años no son nada, apenas una generación. La consolidación de la laicidad del Estado sólo será posible con el paso de las generaciones y los cambios culturales concomitantes. Hay todavía retos pendientes. En primer lugar, la necesidad de construir y educar a las generaciones jóvenes en una ética pública cívica cuyos principios y contenido vienen dados por los valores constitucionales y la declaración universal de los derechos humanos. Segundo, el desafío de crear una cultura pública laica y prácticas de ciudadanía basadas en la tolerancia activa y la deliberación, sin exclusiones ni pretensiones impositivas. Tercero, la consolidación de unas relaciones de cooperación apropiadas, caracterizadas por la igualdad y no discriminación con las diferentes confesiones religiosas. En cuarto lugar la igualdad ante el Estado de ciudadanos y asociaciones cuya libertad religiosa y de conciencia se expresa en orientaciones laicas, no específicamente religiosas. En último término, la desaparición de la confesionalidad que pervive en espacios y prácticas de las Instituciones públicas, como es el caso de los funerales de Estado o de símbolos religiosos en los espacios públicos. Todo ello de acuerdo al sentir general de la ciudadanía, pues no es propósito de los socialistas actuar por imperativo legal sino dirigir y acompañar esta evolución de la sociedad española.


En la respuesta a estos retos los socialistas a lo largo de la legislatura pasada hemos conseguido significativos avances como son:

 

-          la introducción de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en el currículo educativo,

-          la propuesta de Alianza de Civilizaciones frente a la violencia y el fundamentalismo,

-          el reconocimiento del matrimonio homosexual como extensión de derechos en un ejercicio de soberanía democrática,

-          la agilización de los trámites para el divorcio,

-          el avance en la investigación biomédica,

-          la creación e impulso de la Fundación Pluralismo y Convivencia para la financiación de actividades de las confesiones religiosas llamadas minoritarias,

-          el diálogo y acuerdo con la enseñanza concertada católica sobre la Ley Orgánica de Educación,

-          la eliminación de la partida presupuestaria directa para la financiación de la Iglesia católica, que data de 1840, y la propuesta acordada de una fórmula –detracción del IRPF- basada  en la libre elección de los ciudadanos,

-          la extensión del derecho a religión en la escuela pública a opciones confesionales que mantienen acuerdos de cooperación, en una fórmula que no implica obligaciones alternativas para los que no eligen religión.


Con todo, el logro más importante ha sido el de la aprobación de leyes fundadas en la moral pública y la soberanía de las instituciones que en democracia representan legítimamente a los ciudadanos. Las religiones tienen sin duda un lugar en la deliberación democrática pero también límites, no tienen derecho a hacer leyes, y su deber, una vez aprobadas, es cumplirlas.


Para la presente legislatura, en aras de la convivencia en una sociedad democrática, nos comprometemos a apoyar la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR 7/1980). La consolidación de nuestra democracia posibilita y demanda nuevos pasos en la regulación del derecho de libertad religiosa y de todo lo que la acompaña. La diversidad cultural de la actual sociedad española ha incrementado el pluralismo de opciones ante lo religioso. Es necesaria una nueva ley que contemple en toda su amplitud esa realidad plural para regular sin discriminaciones los derechos de la ciudadanía en el ejercicio de sus libertades de conciencia, de asociación, de expresión, etc., en lo que afecta a la pertenencia a comunidades religiosas. Es indispensable una legislación que establezca nuevos criterios para la colaboración de las confesiones religiosas con las administraciones públicas, procurando un trato igualitario para todas, sin privilegios confesionales. Esa reforma debe abordar también la desaparición progresiva de símbolos y liturgias religiosas en los espacios públicos y en los actos oficiales del Estado. El mandato constitucional de Aconfesionalidad así lo exige. Al acometer la reforma de la Ley de Libertad Religiosa hay que llevarla en coherencia con el principio de laicidad que debe acompañar a una democracia constitucional, persiguiéndose el objetivo de profundizar en la separación entre el Estado y las confesiones religiosas.

La reforma de la LOLR es un instrumento necesario de una política religiosa que es una palanca clave para afrontar el hecho de la inmigración y las transformaciones que implica en la configuración futura de la sociedad española. Es esencial para la seguridad, para la integración social y en último término para construir una nueva idea de ciudadanía más universal e incluyente. Ofrecerá el marco adecuado sobre el papel de las creencias en la sociedad democrática. Todo ello desde la convicción sobre la necesidad del concurso de todos, actores laicos y religiosos, en orden a afrontar los desafíos de la pobreza y el hambre en el mundo, unas relaciones internacionales basadas en la cooperación y la paz, la exclusión social y la precariedad laboral en las sociedades desarrolladas, la solidaridad con las situaciones de dependencia, la igualdad entre hombres y mujeres, la convivencia intercultural en el seno de nuestras sociedades, una ciudadanía activa, crítica y solidaria y un nuevo modelo de desarrollo más ecológico y sostenible, entre otros.

La iglesia católica, cuya singularidad histórica, cultural y sociológica en España reconoce el Partido Socialista, debe ser consciente de que el inciso  final del Art. 16.3 de la constitución Española no otorga prevalencia de derechos y no es razón para privilegios ni puede significar limitación alguna de la aconfesionalidad del Estado.

En definitiva nuestro propósito no es otro que avanzar en la laicidad constitucional que se sustancia en cuatro principios de acción política: la libertad religiosa y de conciencia;  la igualdad de trato y no discriminación del Estado; la separación entre Estado y cualquier confesión religiosa; y la cooperación con las confesiones religiosas teniendo en cuenta las creencias religiosas de los españoles.


Apuesta por las energías renovables

Los delegados del 37 Congreso del PSOE aprobarán hoy una enmienda a la Ponencia Marco en la que se hace una apuesta decidida por el desarrollo de las energías renovables.


TEXTO DE LA ENMIENDA SOBRE ENERGÍA

La apuesta fundamental de los socialistas, en el camino hacia el nuevo modelo de crecimiento energéticamente sostenible, se centra en el desarrollo de las energías limpias y renovables.

Tenemos las condiciones naturales necesarias, disponemos de la tecnología más avanzada y contamos con empresas líderes en el desarrollo de las mismas. Esa es, para nosotros, una gran oportunidad para ocupar un lugar avanzado en el mundo. Pero sólo si asumimos desde el principio que esa es nuestra opción y que, estratégicamente, sólo esa opción tiene un futuro seguro, estaremos dispuestos a hacer el esfuerzo que ello comporta. Un esfuerzo para el que ya estamos preparados. Y sólo si desarrollamos con intensidad este esfuerzo podremos ir prescindiendo paulatinamente del uso de otras fuentes.

A partir de esta apuesta inequívoca que irá marcando una presencia cada vez más intensa de esas energías en la composición total de nuestro consumo, en el periodo de transición necesario tendremos que asegurar las exigencias que nos plantea la continuidad de nuestro crecimiento con un uso energético cada vez más eficiente y austero, y con la provisión de las distintas fuentes de energía. En ese contexto, sin que preveamos la promoción de nuevos parques nucleares, respetaremos la vida útil de las actuales centrales, con el compromiso paralelo de extremar con todo rigor la garantía de seguridad desde la acción de gobierno y del organismo regulador correspondiente, así como su permanente actualización tecnológica.


Gestión del agua

En materia de gestión del agua, los socialistas proponen una política que garantice el abastecimiento a toda la población, priorizando la gestión eficiente de los recursos, el uso de desalinizadoras, una mayor eficiencia en las conducciones y, en caso necesario, las transferencias de agua que cuenten con consenso y con garantías de sostenibilidad medioambiental.


TEXTO PONENCIA CON ENMIENDA SOBRE GESTIÓN DEL AGUA

Hemos obtenido éxitos en las mejoras de la productividad de la agricultura, pero no tanto en la prevención de las injustas o negativas consecuencias sociales y medioambientales asociadas a esos éxitos. No hemos prestado la atención requerida a cuestiones como la pérdida de biodiversidad, o al déficit de provisión de agua. Es hora de poner en marcha políticas que eviten o minimicen estos efectos.


En España estamos sufriendo estos fenómenos y, por tanto, consideramos que el tema del agua exige un gran pacto político, territorial y social, tal y como figura en nuestro programa electoral pues la gestión del agua es prioritaria en nuestra agenda política, ya que los efectos del cambio climático se verán agravados o minimizados en función de la correcta o incorrecta utilización y gestión del agua, entendida por nosotros como lo que es, un recurso limitado.

Por ello, debemos continuar con la política del agua desarrollada en los últimos cuatro años, para garantizar el consumo, presente y futuro, a toda la población y aplicar de forma adecuada y eficiente, con solidaridad y consenso, la gestión de los recursos hídricos a través de modernización de conducciones, ahorro de consumo, desalinización, reutilización, modernización de regadíos y aquellas transferencias del recurso, a través de las infraestructuras hidráulicas necesarias, que sean viables económicamente, medioambientalmente sostenibles y socialmente aceptadas.