El PPCV creará un reglamento de contratación tras estallar el caso Orange Market

El PP valenciano anunció este lunes que ha encargado un informe jurídico para establecer una normativa contractual para los proveedores del partido. Así lo explicó Ricardo Costa en la sede de la formación tras haber estallado el caso en el que se ha visto implicada la empresa Orange Market.

    La citada compañía ha organizado distintos actos para el PP valenciano y para la Generalitat en los últimos años, entre los que se encuentra el montaje y desmontaje del stand de la Comunitat en Fitur este mismo año. La empresa está siendo investigada por su presunta implicación en una trama de corrupción que investiga el juez de la Audiencia Nacional Balsatar Garzón.

    Este mismo lunes por la noche el magistrado ordenó la detención de Álvaro Pérez, máximo responsable de la entidad en Valencia. Además, este martes se hizo pública la imputación de otras 34 personas. El escándalo desatado con este caso llevó al Consell a anunciar que emprendería acciones legales contra aquellos que pusieran en duda el honor de sus altos cargos.

    De momento, tanto en el PP como en el Consell se defiende su actuación y se reitera que la implicación de la empresa de Pérez en la investigación no tiene el porqué afectar a cargos del partido. De hecho, según han publicado algunos medios, Camps aseguró que se producirán dimisiones si hay alguna detención en el ámbito autonómico. Este martes, el presidente de la Generalitat evitó referirse al asunto durante la inauguración de Cevisama.

    Siguiendo este discurso, Ricardo Costa se sometió este martes a numerosas preguntas sobre el caso y vino a trasladar que las indagaciones de Garzón no afectan a la actividad del partido durante los últimos años. "El PPCV ha cumplido siempre con sus compromisos de forma escrupulosa y sus cuentas son escrupulosamente limpias, consolidadas con las del PP nacional y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas", advirtió.

"Circunstancias ajenas"

Entonces, ¿por qué el PP creará ahora un reglamento de contratación del que estará encargado el vicesecretario David Serra? La respuesta es sencilla para la formación. Costa aseguró que lo único que se persigue es que no se vuelvan a producir problemas como los que han ocurrido con Orange Market.

    Preguntado por si el nuevo filtro de los contratos verá la luz por algún fallo en la contratación con la empresa investigada, Costa reiteró que lo que se intenta es evitar que por "circunstancias ajenas" al PP ocurran cosas como éstas.

    Asimismo, aseguró que su partido no se opondrá a preguntas de la oposición sobre la posible relación entre el PP y la empresa investigada, siempre que las cuestiones cumplan el reglamento de Les Corts.

Preguntas sin respuesta

Esta respuesta se debe a que en el año 2005, el diputado socialista José Camarasa presentó una batería de preguntas en Les Corts, cuestionando al Consell sobre qué contratos adjudicó a la empresa Orange Market desde el año 1995. A su vez preguntó por el objeto de los contratos, sobre las cantidades económicas, las fechas de adjudicación y su pertinente publicación en el DOCV.

    La Mesa de Les Corts, controlada por el PP, no tramitó las cuestiones por tratarse de una "persona o entidad ajenas" a la Cámara. La decisión provocó que el diputado del PSPV recurriera. El recurso también fue desestimado. Los socialistas recuerdan aquellas cuestiones como síntoma de la actividad diaria del Gobierno valenciano y el grupo que les sustenta en la Cámara.

Imputados

Garzón imputó los delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal, cohecho y tráfico de influencias a otras 34 personas relacionadas con la trama de corrupción presuntamente liderada por el empresario Francisco Correa, entre los que se encuentran el hasta ahora alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero y el exregidor de la localidad madrileña de Majadahonda Guillermo Ortega, ambos pertenecientes al PP, informaron fuentes jurídicas.

    Garzón, que ha alzado parcialmente el secreto de sumario, comenzará a partir de mañana a tomar declaración a los imputados con los testimonios de la mujer de Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano, Felisa Isabel Jordán -relacionada con empresas implicadas en la trama- y Carmen Luis Cerezo. Los interrogatorios, que se prolongarán hasta el día 5 de marzo, se producirán en tandas de tres personas o más en horario de mañana.

    En el listado de imputados, todos ellos a petición de las fiscales anticorrupción Myriam Segura y Concha Sabadell, figura también el ex consejero delegado de Repsol YPF Ramón Blanco Balín y el último de los detenidos, el responsable de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez. Otro de los nombres destacados es el de Jacobo Gordon, testigo de la boda de Alejandro Agag y la hija del ex presidente del Gobierno José María Aznar.

Cargos madrileños

En la relación no se encuentran, no obstante, el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, que dimitió este lunes por su presunta relación con la trama, ni el diputado regional y presidente de la Comisión de Investigación de los espías de la Asamblea madrileña, Benjamín Martín Vasco.

    Con las nuevas imputaciones el número de acusados en la ´Operación Gürtel´ se eleva a un total de 37, incluyendo los arrestados el pasado viernes: el propio Correa, el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, y Antoine Sánchez. Estas tres personas comparecerán este miércoles por la tarde ante el magistrado que solicitó este lunes una prórroga de su detención con objeto de practicar unas diligencias solicitadas por el Ministerio Público.

    El magistrado tomó durante la jornada de este lunes declaración a los tres detenidos relacionados con la trama de corrupción en la que podrían estar implicados varios Ayuntamientos del PP pero no llegó a celebrar las vistillas del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por las que se decretan medidas cautelares que pueden ir desde la prisión provisional hasta la imposición de comparencias quincenales o semanales.

    Hasta ese momento, Correa, Crespo y Sánchez fueron trasladados a la prisión madrileña de Soto del Real, dado que no pueden permanecer un plazo de tiempo tan prolongado en los calabozos de la Audiencia Nacional.