No han acabado los ecos –más bien han arreciado- de sus actividades cinegéticas con el juez Baltasar Garzón cuando el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, acaba de pisar otro charco: en su afán por frenar extramuros y como sea la huelga de jueces convocada en primera fase para el 18 de febrero convocó a las dos asociaciones de jueces que se oponen a la misma, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la progresista Jueces para la Democracia (JpD), y obvió a las otras tres asociaciones que más bien apoyan el movimiento huelguístico: la Francisco de Vitoria, el Foro Independiente Judicial y el Foro 8 de Octubre, asociación surgida del movimiento espontáneo de jueces contra la política judicial del Gobierno de Rodríguez Zapatero.
La idea del ministro era conseguir el compromiso de la APM y de JpD de frenar la huelga como sea. La clave –le han dicho ya al ministro- está en lo que ocurra en Madrid: si Madrid hace huelga, la imagen es que los jueces españoles en general han parado, y ni el Ministerio ni el Gobierno, claro, quieren esa bofetada judicial en plena campaña electoral en Galicia y País Vasco.
Monumental enfado judicial
Pero con esta convocatoria para el 17 de febrero de sólo dos asociaciones ‘afines’ –al menos en lo referente a no hacer huelga- el ministro ha dado una ‘bofetada’ al resto de los jueces no asociados en APM o JpP y el enfado judicial es ya monumental. Tanto, que los que controlan la APM dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por ejemplo, los vocales Fernando de Rosa –vicepresidente-, Miguel Collado y Manuel Almenar, plantearon la conveniencia de que la APM no asista a la convocatoria del ministro.
APM y JpD rechazan la ‘invitación’ del ministro
El lío fue tan gordo y el malestar tan evidente que, efectivamente, en la tarde este jueves tanto la APM como JpD rechazaron la invitación del ministro. La conservadora, con el siguiente texto: “No hay fecha señalada para la celebración con el Ministro de Justicia de España de la próxima reunión. No pudiendo aceptarse como adecuada la del próximo día 17 sugerida a título particular por el propio Ministerio y que la Asociación Profesional de la Magistratura rechaza por inoportuna a la vista de la convocatoria del día 18 en cuya celebración y resultado, por más que no tome parte, no desea interferir en medida alguna”.
Es más, en un duro comunicado, la APM dice que “el hecho de no participar como tal Asociación en la convocatoria de huelga” se explica en función de lo acordado en el seno de la CIP el pasado 12 de enero y del convencimiento de que la eventualidad de una huelga, “que nadie puede desear como un fin en si mismo, debe ser la medida última de presión a la que recurrir de forma irremediable”.
Pero que, no obstante lo anterior, “siempre respetaremos y apoyaremos lo que en relación con un eventual ejercicio del derecho de huelga pudieran llegar a decidir, con independencia del día o la fecha, los Jueces y Magistrados, asociados o no, en función de su autonomía personal, libertad individual y actuación en conciencia”.
Y aún añade que “de no obtener antes del día 26 de junio respuestas satisfactorias a nuestras reivindicaciones la Asociación Profesional de la Magistratura será la primera en convocar, de forma convencida y con toda su fuerza, la huelga con mayúsculas que ya ha anunciado públicamente”.
La huelga en Madrid
En cuanto al recuento de ‘posibles huelguistas’ judiciales en Madrid, los datos que a fecha de este jueves 12 de febrero ha podido recabar el Ministerio de Justicia son los siguientes: los juzgados de la Audiencia Provincial son mayoritariamente favorables a la huelga el día 18 de febrero, al igual que las secciones de lo Civil. No obstante, los juzgados de lo penal son contrarios a la huelga. Lo que ocurra en Madrid, como decimos, será determinante para dar la impresión de éxito o fracaso de la convocatoria huelguística.
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