El justiciero voto de castigo

Ya disponemos de abundantes encuestas y de una intuición de los vientos electorales como para poder adelantar unos resultados que se suponen negativos para el partido socialista. Tras más de un año desde las pasadas elecciones legislativas en el que el Gobierno ha ido cosechando malas noticias y sembrando decisiones erróneas o inoportunas, la opinión popular ha ido modificando sus valoraciones sobre la acción política y, por más que todos aceptan que las causas de la crisis económica tienen origen fuera de nuestras fronteras, han dado la espalda a Rodríguez Zapatero en un porcentaje apreciable en términos electorales.

Pero pese a las graves consecuencias de la crisis, especialmente en lo que se refiere al grave deterioro de los niveles de empleo y al aumento de quienes han agotado las prestaciones por desempleo y subsidios, no parece que aquellas sean la causa más determinante de la desafección hacia el gobierno socialista. Al igual que se ha constatado en otras naciones de nuestro entorno mediante encuestas altamente fiables, la crisis económica ha restado votos a los partidos gobernantes en muy escasa medida, acaso por estimar los ciudadanos que las responsabilidades o son ajenas o están muy diluidas entre los diversos actores.

En España se ha comprendido que el hundimiento del mercado del trabajo ha traído causa remota de la especulación inmobiliaria, y como factor próximo ha sido consecuencia de la contracción del crédito a la promoción de viviendas encadenada al hundimiento del sistema financiera internacional, especialmente del norteamericano. Ninguna responsabilidad puede imputarse al gobierno central por no poner freno a la tendencia, ya que el texto constitucional, en uno de sus mayores errores junto con la transferencia de competencias de educación a las Comunidades Autónomas, atribuyó a éstas la “Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”. Y ya se ha visto cómo entendieron en algunos territorios lo de la “ordenación”.

Pero si esta es la percepción generalizada entre los electores, también es común la opinión de haber sido engañados sobre la existencia de la crisis, sobre su gravedad y su extensión, sobre los remedios que de modo inconexo, lento e ineficiente iba arbitrando el Gobierno, hasta el punto que el Fondo de Inversión Local se presenta como la medida más operativa junto  a los avales y garantías del sistema financiero o las de adquisición de automóviles. El Plan E no ha sido sino una recopilación de sucesivas medidas de reactivación de muy dudosa eficacia. Hoy la cifra de reducción del desempleo trae un asomo de aliento:  Que dure.

Por otra parte se considera que el Gobierno ha utilizado diversas acciones de distracción, como la introducción en el debate político de la ampliación de los casos de despenalización del aborto, beneficios de autor, asilo e inmigración, memoria histórica, reforma de la justicia, etc., todos asuntos importantes, pero que en la urgencia de problemas están muy por detrás de la crisis económica y sus secuelas. No reconocerlo así puede ser interpretado como altanería o frivolidad, y estas actitudes se castigan con rigor incluso cuando el éxito acompaña a la acción política: recuérdese lo que le ocurrió a Aznar.

El próximo domingo tendremos la más fiel representación del ánimo de los ciudadanos, de su respaldo al Gobierno y al principal partido de la oposición. Se analizarán una vez más las consecuencias de la baja participación, afectada porque para el votante la crisis no la resuelve Europa. Y se equivocan. La crisis se resolverá en Europa con la colaboración fundamental de todos sus Gobiernos: también el de Rodríguez Zapatero. Pero las elecciones no se van a dirimir porque se considere que unos u otros partidos van a traer la solución, sino porque los electores van a valorar el crédito de sus líderes, su predisposición a buscar soluciones pactadas, la credibilidad de sus informaciones y la firmeza de sus convicciones. Habrá voto de castigo, que no solo alcanzará al Gobierno. Voto justiciero, que no es equivalente a justo.