Así se repartían las 'comisiones entre la 'gente guapa' de la etapa Aznar

Tras examinar todos los documentos remitidos por la Policía, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, instructor del 'caso Gürtel', establece que es el propio Francisco Correa el que recibe los pagos por los servicios y quien establece la distribución de las comisiones entre "los partícipes en el negocio". Desde la 'caja B' existente en la sede social de la calle de Serrano, en Madrid, salía el dinero para pagar "a distintas personas que ostentan cargos públicos".

         Todo eso y mucho más contenía el pendrive que, en una operación fechada el 6 de febrero de 2009, le incautó la Policía a José Luis Izquierdo López, empleado de la empresa TCM S.L. y hombre de confianza de Pablo Crespo Sabaris -supuesto número dos de Correa-. En las oficinas principales del conglomerado empresarial, sitas en la calle Serrano 40-4º izquierda, de Madrid, Izquierdo era el responsable del control del dinero existente en la 'caja B', así como de la contabilización de las operaciones de salida y entrada de fondos que se realizaban con la misma. Por orden de Pablo Crespo -antiguo secretario de Organización del PP gallego con Fraga- llevaba un control de las cuentas de personas físicas y la contabilización de las operaciones de salida y entrada de fondos que se realizaban con la misma.

 La 'gente guapa' de la etapa Aznar

A través del contenido de su pendrive, el juez Pedreira pudo relacionar el siguiente listado de nombres con la trama de Correa: "Alejandro Agag, Álvaro Pereza, Antoine Sánchez, Alberto López Viejo (ALV), Arturo González Panero, Gerardo Galeote, L. B. [a quien el juez relaciona con Luis Bárcenas, aunque éste lo niega], Ricardo Galeote, Benjamin Martín, Ginés López, F. Torres, Jacobo Gordon, Luis López Salvador, Milagros Zapatero, Pablo Crespo, Pau Collado, Araceli [sic], Rocío [sic], Sabio Martine, y las jurídicas Inversiones Rustfield, Windrate, Kintanmami Begar, Orange Market, Caroki, Eari Concept, De Miguel Abogados, Montalbo, Osiris, TCM, Teconsa".

         La lista ya era importante, pero, además, aparecían en ese pendrive y en algunas carpetas 'B' requisadas cuentas individualizadas de distintos eventos como: Actos de Nuevas Generaciones, diversas campañas electorales (Madrid, congresos, Galicia), convenciones, etcétera, así como la cuenta de tesorería, las de las distintas cajas de seguridad y la general de la 'caja B' donde se volcaban todos los apuntes de las distintas cuentas con el fin de obtener el saldo de las operaciones realizadas con esa 'caja B' y poder disponer de una visión de conjunto.

         Para que no hubiera dudas, el propios Izquierdo reconoció ante la Policía que ese sistema de anotación de apuntes correspondía "a pagos realizados con el dinero de la caja 'B' existente en las oficinas de la calle Serrano 40-4º Izquierda de Madrid, lugar donde se encuentra el centro de decisión del conglomerado empresarial creado en torno a Francisco Correa".

 También en Castilla y León

Ahora bien, entre la documentación intervenida se demostraba cómo la trama -que ya había tenido que salir de la sede nacional del PP por orden de Mariano Rajoy- abrió sus tentáculos a otras comunidades.

         Señala el juez al respecto: "Consta un fax con la adjudicación definitiva de obra por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León a la sociedad Tecnología de la Construcción, SA (TECONSA) con varios papeles grapados al documento donde se desglosan los pagos realizados con la comisión obtenida de la obra, y que están correlacionados con los apuntes contables en la cuenta "CAJA X PC2 lo que permite inferir que la adjudicación estaba amañada participando Francisco Correa y algún político que pueda influir en la decisión de adjudicar la obra a TECONSA, quedan acreditados los pagos y alguna de las personas beneficiarias de los mismos".

         Ese fax introducía también de pleno en la trama al empresario leonés José Luis Martínez Parra, e implicaba, obviamente, a la Junta que preside el popular Juan Vicente Herrera.

 El juez insiste: una trama para delinquir

          Una vez más, el juez Pedreira no habla de financiación irregular del PP, sino de una trama creada por determinadas personas agrupadas en torno al PP para delinquir. Dice, textualmente, el juez en su Auto de 16 de julio: "En la causa existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas para obtener un beneficio propio utilizando para ello, como norma común y frecuente, las dávidas y sobornos a funcionarios y a autoridades públicas, cuya identidad y cargos se está investigando, al objeto de tomar las decisiones que correspondan en derecho, a la vez que entregaron regalos, presentes, cantidades de dinero, para mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con los intereses económicos del grupo organizado, y así obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas utilizaban las mismas prácticas".

         De igual manera, el juez instructor del TSJ de Madrid señala que "para disfrazar tanto las contabilidades, como la operativa del grupo o las dádivas entregadas, no dudaron en alterar y falsificar documentos, esencialmente facturas comerciales".

         Y añade Pedreira que "la trama parcialmente desvelada, en este momento, no alcanza a la totalidad de actividades delictivas que se pueden imputar, pero, extendiéndose todas las personas que ya están imputadas, puede afectar a un mayor número".


> ESPECIAL: Todo sobre el sumario del caso Gürtel