Las claves del 'golpe de la TDT' contra el Grupo Prisa

Era diciembre de 2008 cuando el Gobierno se comprometió en firme con los editores televisivos, agrupados en la patronal Uteca, a lanzar la Televisión Digital Terrestre (TDT) de pago en la primavera de 2009. "Fue un compromiso en firme asumido por el Gobierno", reconocen a Diariocrítico fuentes del Ejecutivo; un compromiso que todos los editores aceptaron y que adoptó como propio el presidente Rodríguez Zapatero. El compromiso incluía la regulación de la TDT de pago de forma directa y previa a la ley general audiovisual, que se estimaba que se aprobaría con retraso.

Con ese compromiso, el Ministerio de Industria se puso a trabajar sobre el tema y en la mañana del 3 de abril de 2009, el Departamento de Miguel Sebastián subió en su página web una nota en la que daba por abierto el plazo a las operadoras para presentar la solicitud de emisión en TDT de pago. Es decir, que el Ministerio aprobaba por Decreto la regulación de la TDT. Sin embargo, por la tarde, Industria tuvo que rectificar la nota y afirmar que se había tratado de un error. ¿Qué había ocurrido? Pues que Sebastián recibió una intempestiva llamada de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, conminándole a retirar ese acuerdo.

    Así, ese 3 de abril fue cuando dio comienzo una historia de tira y afloja, de desencuentros, de peleas internas y externas entre grupos del propio Gobierno y de Prisa que acabó, manu militari, con el Real Decreto Ley 11/2009, de 13 de agosto, por el que se regulaba, para la concesión de ámbito estatal, la prestación del servicio de televisión digital terrestre de pago mediante acceso condicional. Un Decreto Ley que fue finalmente convalidado por el Congreso de los Diputados el pasado 17 de septiembre y que le ha valido al Gobierno la declaración de guerra por parte del Grupo Prisa. A continuación, las claves de lo que ha ocurrido con este espinoso asunto.
 

Las presiones de Fernández de la Vega

La clave principal de esta guerra es la situación crítica en la que vive el Grupo Prisa, con una deuda próxima a los 6.000 millones de euros (un billón de pesetas). Con esa deuda, el consejero delegado, Juan Luis Cebrián, intentó diversas maniobras para sacar adelante el Grupo; entre otras, la venta de Sogecable a Telefónica.

    A finales de 2008, poco antes de la reunión en la que el Gobierno asumió el compromiso de aprobar la TDT de pago en la primavera de 2009, Cebrián le hizo una propuesta al presidente de Telefónica, César Alierta: la venta de Sogecable por nada menos que 5.000 millones de euros, un precio absolutamente desmesurado. Luego rebajaría Cebrián sus pretensiones a 3.500 y 3.000 euros, pero la compra no se hizo efectiva: medios gubernamentales han reconocido que Alierta habló con Zapatero -unos dicen que directamente, otros que a través de Javier de Paz- sobre qué le parecía la oferta. Zapatero simplemente le indicó que hiciera lo que más le conviniera a la compañía, y lo que más le convenía era no comprar.

    Después de ese episodio es cuando el Gobierno adquirió con la patronal Uteca el compromiso de aprobar la TDT de pago en la primavera de 2009. Pero ese acuerdo beneficiaba a determinados operadores, especialmente a la Mediapro de Jaume Roures y de José Miguel Contreras, propietarios de La Sexta, y perjudicaba a Prisa, que veía caer el valor de su Digital Plus. El grupo de presión gubernamental a favor de Prisa -De la Vega, Pérez Rubalcaba, José Blanco y en cierta medida Manuel Chaves- se puso en marcha y consiguió parar, a través de Fernández de la Vega, el primer golpe el 3 de abril, como ya hemos contado.

    Sin embargo, Rodríguez Zapatero pedía resultados al Ministerio de Industria al respecto y el ministro, Miguel Sebastián, preparó un decreto sobre la TDT de pago que debería ser aprobado en los últimos Consejos de Ministros del mes de julio. Nuevamente Fernández de la Vega entró en acción y consiguió parar este segundo golpe con el argumento de que el Consejo de Estado había emitido un informe según el cual una cuestión de tanto calado como ésa debería aprobarse por ley, y, además, en el marco de la ley general audiovisual que preparaba el Gobierno.

    Sebastián no pudo, por tanto, elevar ese decreto al Consejo de Ministros… y el Gobierno se fue de vacaciones. Pero Zapatero seguía insistiendo en esa regulación. Así, para soslayar a De la Vega, que cada vez perdía más peso en esta cuestión, se preparó sorpresivamente un Decreto Ley sobre la TDT que fue aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario del 13 de agosto y que, ante el apoyo de Zapatero, De la Vega ya no fue capaz de frenar.

    El sentido de esta 'jugada' de Industria era soslayar el dictamen del Consejo de Estado: los decretos ley deben ser convalidados por el Parlamento, tras lo cual se convierten directamente en leyes. De esta forma se cumplían los requisitos planteados por el alto organismo.
 

CiU se la tenía jurada a Prisa

Así se llegó al Pleno parlamentario del 17 de septiembre, fecha en la que el Congreso convalidó el polémico Real Decreto por 183 votos a favor, 150 en contra y seis abstenciones. Es decir, que la convalidación fue apoyada por el Grupo Socialista, claro, los nacionalistas catalanes de CiU y de ERC y los canarios de Coalición Canaria.

         Para la convalidación de este Real Decreto, el portavoz socialista, José Antonio Alonso, estuvo negociando hasta el último momento los votos favorables de Convergencia i Unió. Al final se llegó a un acuerdo: Josep Antoni Durán i Lleida negoció con la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, que CiU daba sus votos a la propuesta del Gobierno, pero a cambio de la inclusión de militantes nacionalistas en varios organismos reguladores, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

    No obstante, no fue ésa la única razón por la que CiU apoyó al Gobierno, según confiesan a Diariocrítico medios catalanistas: Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), de Artur Mas, se la tenía jurada a Prisa desde que a mediados de los ochenta este grupo arremetiera con dureza contra el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, por el caso de 'Banca Catalana'. "Pujol estuvo a punto de dimitir y dejar la Presidencia a Alavedra por la presión ejercida por Prisa y eso no se lo vamos a perdonar", dicen medios nacionalistas. La espina se la han sacado de encima con intereses incluidos.

    Lo demás ya es conocido: Prisa se ha lanzado a una campaña contra Zapatero…