La posición de los nacionalistas catalanes con respecto al Real Decreto-ley 11/2009, de 13 de agosto, por el que se regula, para la concesión de ámbito estatal, la prestación del servicio de televisión digital terrestre de pago mediante acceso condicional, fue cambiando a lo largo del tiempo, pero no quedó definitivamente fijada hasta la mañana de este jueves, casi justo en el momento de la fijación de posiciones por parte de su portavoz para el caso,
Josep Sánchez-Llibre.
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En las reuniones del Grupo de CiU se habían fijado otras posiciones anteriormente, que iban desde el apoyo a la propuesta de tramitar ese Real Decreto como proyecto de Ley, tal y como pedía el Grupo Popular, hasta la abstención. En cualquiera de estos casos el Gobierno salía perdiendo, dado que el portavoz socialista,
José Antonio Alonso, no había conseguido los votos necesarios para su convalidación: el PNV ya había dicho que votaría en contra -como así ha sido, después de una durísima intervención de
José Ramón Beloki- y los dos diputados de IU,
Llamazares y
Herrera, se habían quedado voluntariamente al margen de esta discusión.
El Gobierno necesitaba convencer a los nacionalistas catalanes para que apoyaran la convalidación de un Real Decreto que beneficia sustancialmente a un grupo catalán, el de Mediapro, de
Jaume Roures, y en contra de los intereses personales de otro grupo mediático, el de Prisa, al que a partir de ahora le sale competencia en la televisión digital de pago, justo cuando intenta colocar en el mercado Digital Plus, la plataforma de pago de Prisa.
Efectuada la
votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 183; en contra, 150; abstenciones, seis.
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¿Qué había ocurrido? Que a lo largo de la mañana de este jueves el portavoz de CiU,
Josep Antoni Durán i Lleida, negoció finalmente con la vicepresidenta segunda y ministra de Economía,
Elena Salgado, diversos puestos para nacionalistas en algunos de los organismos reguladores. Según nuestras informaciones, esos puestos podrían recaer especialmente en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
Ése es el sentido exacto de que CiU haya acudido al rescate de lo que ya se conoce como
"la TDT de pago de Roures". El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al Real Decreto Ley que regula los servicios de TDT de pago gracias a los apoyos de CIU, CC y ERC al Gobierno, y no sacó adelante la posibilidad de que esta medida fuese tramitada como proyecto de ley, tal y como solicitó el PP. La diferencia estriba en que si el PP hubiera sacado adelante su propuesta, el real decreto se tendría que tramitar como proyecto de ley, por lo que la iniciativa gubernamental hubiera sufrido en la tramitación parlamentaria "
variaciones no deseadas".
Según afirman a
Diariocrítico medios parlamentarios, el Gobierno también ha negociado el apoyo de ERC, aunque por el momento no se sabe qué se le ha dado a este grupo en concreto.
Finalmente, una anécdota a destacar: que cuando se celebró la votación para decidir si el real decreto se tramitaba como proyecto de ley un diputado del Grupo Popular por Zamora,
Antonio Vázquez Jiménez, se equivocó de botoncito y votó no a la propuesta de su propio grupo.
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