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Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

De la Vega: 'Lo razonable es que haya una nueva ponencia y que continúe el debate'

De la Vega: "Lo razonable es que haya una nueva ponencia y que continúe el debate"

> Manifiesta respeto a la libertad de expresión de los actos de apoyo a Garzón

viernes 16 de abril de 2010, 16:16h
Para la vicepresidenta primera, Fernández de la Vega, lo "razonable", después de que el Constitucional haya tumbado el quinto borrador de sentencia del Estatut, es que "haya una nueva ponencia y que continúe el debate". De la Vega no quiso pronunciarse sobre si el debate debería frenarse en tanto y en cuanto no se celebren las elecciones autonómicas en Cataluña.
El rechazo al quinto borrador de ponencia del Estatut de Cataluña por el Pleno del Tribunal Constitucional pilló a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en plena rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Se le preguntó si no sería conveniente que, a partir de este momento, se aplazara cualquier sentencia sobre el Estatut hasta que se celebren las elecciones autonómicas en Cataluña. No se pronunció explícitamente, pero sí dijo que "lo razonable es que "haya una nueva ponencia y que continúe el debate", y parece que eso, precisamente, es lo que va a ocurrir.

    En el Gobierno se cree que, dado que aunque se ha tumbado el borrador de Elisa Pérez Vera hay acuerdo sobre muchos puntos del Estatut, la sentencia podría estar lista antes del verano con un nuevo borrador y, por tanto, antes de las próximas elecciones autonómicas catalanas, que deberían celebrarse el próximo otoño, salvo que el molt honorable president José Montilla decida adelantarlas. Ahora bien, pese a los acuerdos ya existentes, la rapidez de un nuevo proceso tiene que depender necesariamente de la habilidad que demuestre un nuevo ponente, algo que no ha tenido Elisa Pérez Vera.

    "Vamos a esperar a ver qué pasa", dijo De la Vega en la rueda de prensa, insistiendo en que lo razonable es que opere lo que está previsto en la ley, ya que "no hay elecciones convocadas".
 

Garzón divide a la sociedad

De la Vega también abordó el otro caso que divide a la sociedad: el del juez Baltasar Garzón. En este punto, la vicepresidenta quiso hacer una "reflexión" sobre las diferencias de este caso según se debata en los ámbitos social, jurídico o judicial. En el campo social reconoció que "estamos ante un tema que despierta muchas sensibilidades", así que el debate "debe situarse siempre en el ámbito de la libertad de expresión" en el que el Gobierno no debe entrar.

    En el campo jurídico, De la Vega reconoció que es "enormemente complejo lo que tiene que resolver el Tribunal Supremo" y que el Gobierno debe limitarse a valorar las razones que se expresen. En cuanto al judicial, dijo que "debemos respetar la instrucción judicial y la presunción de inocencia del juez y no adelantar acontecimientos".

    En relación al apoyo explícito de miembros del Gobierno a Garzón, como la asistencia del secretario de Estado Gaspar Zarrías al acto de la Complutense donde Jiménez Villarejo vertió graves exabruptos contra el Tribunal Supremo, la vicepresidenta pidió, primero, "respeto a la justicia", para añadir que "el Gobierno no va a entrar en el debate por responsabilidad".

    No obstante, reconoció que las manifestaciones producidas han sido "en el ejercicio de la libertad de expresión" y en cuanto a las de miembros del Gobierno lo habría sido de forma "claramente respetuosas con el Supremo y con el Poder judicial". Dijo que puede haber habido una manifestación de algún miembro gobierno de apoyo a la presunción de inocencia juez, pero que eso no era interferir con las actuaciones judiciales. "El querer mezclarlo todo es querer tratar de desviar la atención", señaló, para añadir que "es un debate un poco interesado y eso es lo que no es razonable".

     En relación al proceso que se quiere abrir en Argentina contra el franquismo, para De la Vega no hay aún noticia de que se haya admitido a trámite, pero desde el punto de vista político-institucional en España contamos con un estado de Derecho "muy sólido" donde la ley se aplica.

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