El 3 de mayo de 2006, un día antes del 'chivatazo' policial a ETA, Telesforo Rubio conocía todos los detalles de la operación que se iba a llevar a cabo en Francia por el equipo policial conjunto hispano-francés contra la red de extorsión de ETA: los policías que formaban el equipo conjunto y a los supuestos extorsionadores etarras que se iba a detener, incluyendo al histórico dirigente del PNV -hoy fallecido- Gorka Agirre. Esa información se la trasladó Rubio a su inmediato superior, el Director General Operativo (DAO), Miguel Ángel Fernández-Chico, quien es de suponer que se la trasladó a su vez su jerárquico en el escalafón, el director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, actualmente imputado por el chivatazo policial a Joseba Elosua, dueño del bar Faisán e intermediario, según los indicios, con la trama de extorsión a empresarios de ETA.
Un día después de esos hechos, hacia las 11.20 horas del 4 de mayo de 2006, supuestamente un policía -ha sido imputado un inspector destinado en Álava- le pasó un teléfono a Elosua a través del cual otra persona le comunicaba que no fuera a entregar dinero a ETA a Francia porque le iban a detener. Era el inicio de uno de los más grandes escándalos policiales de los últimos años: el 'caso Faisán'. Ese mismo día, 4 de mayo, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, recibía en La Moncloa al entonces presidente del PNV, Josu Jon Imaz, para proponerle, entre otras cosas, que el partido jeltzale se incluyera en las conversaciones que el PSE-PSOE iba a mantener con la ilegalizada Batasuna y en las que el Gobierno iba a mantener con ETA.
Esos son los hechos sucintos, pero que dan un nuevo sesgo a las investigaciones que se están siguiendo en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que ha dado un gran impulso a este caso desde que Baltasar Garzón ha sido retirado del Juzgado y lo lleva su sustituto, el juez Pablo Ruz.
El hecho de que el DAO y el director general de la Policía conocieran la lista de componentes policiales de la operación y los posibles detenidos, entre otros el peneuvista Gorka Agirre, da un sesgo a las investigaciones, porque demuestra que el asunto -de la detención de etarras- no se llevaba tan en secreto y que todos los datos los tenía Víctor García Hidalgo, a quien el juez ha imputado por estos hechos.
Telesforo Rubio declarará este viernes
Por otro lado, el entonces comisario general de Información, Telesforo Rubio, declarará este viernes ante el juez Pablo Ruz para dar a conocer su versión sobre el chivatazo policial que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán de Irún. Rubio fue cesado de su cargo por Pérez Rubalcaba en septiembre de 2006, pero según todas las versiones fiables sobre este caso, no tuvo nada que ver con el 'chivatazo', sino que fue la persona que lo denunció ante el juez Fernando Grande-Marlaska, que ejercía entonces como interino en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.
Rubio es en la actualidad agregado del Ministerio del Interior en Moscú (Rusia), y ha sido citado por el juez Ruz después de que su subordinado de entonces, el comisario José C., declarara el pasado martes que el jefe del equipo conjunto de investigación, Carlos Germán, intentó borrar la conversación en la que el dueño del establecimiento, Joseba Elosua, le reconocía a su yerno, Carmelo Luquin, que había recibido un soplo de la policía. Esa cinta y su transcripción, que evidentemente no pudo ser borrada, es la que Telesforo Rubio llevó al juez Grande-Marlaska, dando lugar al caso del chivatazo.
El comisario José C., que ocupaba cuando se produjo el chivatazo el puesto de comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) del Cuerpo Nacional de Policía, ratificó ante el juez el informe en el que defendía que el 3 de mayo de 2006, el día anterior al chivatazo, Carlos Germán "fue reticente en diversos momentos a la realización" de las detenciones contra el aparato de extorsión etarra "argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre".
El chivatazo policial
En la conversación, que se produjo el 4 de mayo de 2006 -día marcado, por tanto, como el del chivatazo-, Elosúa indicaba a su cuñado que una persona que había entrado en su bar sin identificarse le había advertido que le seguían y que sabían que el día anterior había mantenido una reunión en una sidrería de Oiartzun (Guipúzcoa). Según Elosúa, el autor del chivatazo le dijo que la policía era consciente de que iba a entregar "nueve botellas de vino", que los investigadores relacionan con entregas del impuesto revolucionario, que "se las guardara" para "no fastidiar todo el proceso" y que, si cruzaba la frontera, se iba a producir la detención del enlace de ETA, José Antonio Cau Aldanur.
El pasado martes, el comisario José C., que declaró durante más de una hora y media ante el juez Ruz, apuntó que, además de intentar destruir esta prueba, el jefe del equipo conjunto de investigación le aseguró que, si se producían las detenciones, él y sus hombres -tres o cuatro de los cuales se encontraban en las inmediaciones del bar 'Faisán- iban a ser "crucificados".
También aseguró que Carlos Germán y su equipo -y no los miembros de la Brigada Provincial de San Sebastián- controlaron en todo momento tanto la baliza que se había colocado en el coche de Elosúa para registrar sus llamadas como la cámara que grabó los movimientos que se registraron en la puerta del establecimiento, y que registra varios cortes, según fuentes de la defensa del jefe superior de Policía del País Vasco, que se encuentra imputado en la causa junto al ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y un inspector de Álava.
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