En un Auto hecho público este martes, el juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz pide conocer la titularidad de tres teléfonos adscritos a la Subsecretaría de Interior que dirige el socialista
Justo Zambrana: dos teléfonos móviles (686XXX913 y 629XXX292) y un teléfono fijo del Ministerio del Interior (91XXXX000). Desde estos teléfonos se mantuvo una intensa actividad con los supuestos implicados en el ‘caso Faisán’ en el día anterior y en el mismo día en que se produjo el chivatazo policial a ETA para no detener a la trama de extorsión etarra, el 4 de mayo de 2006.
El primero de esos números móviles, el 686XXX913, perteneció en esa época al secretario de Estado de Interior,
Antonio Camacho, según ha podido saber Diariocrítico de medios policiales de absoluta solvencia. El segundo de los teléfonos móviles, el correspondiente al número 629XXX292, perteneció en esas mismas fechas a una asesor de la Secretaría de Estado, el cual nuestras fuentes no han identificado con absoluta precisión, pero es la persona a la que habría llamado esos días el Jefe Superior de Policía del País Vasco, imputado en este caso junto al que fuera director general de la Policía,
Víctor García Hidalgo, y a un inspector destinado entonces en Vitoria.
La investigación de estos números, ordenada ahora por el juez Ruz, fue solicitada hace unos días por
Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, personada en esta causa. En un escrito presentado en la Audiencia Nacional, Portero ofreció una relación detallada de las conversaciones que los titulares de esos tres números mantuvieron tanto con el Jefe Superior de Policía del País Vasco como con García Hidalgo, antes durante y después del chivatazo policial.
Investigación interna
El juez Ruz también pregunta al Cuerpo Nacional de Policía si el departamento de Asuntos Internos "confeccionó expediente o informe alguno sobre los policías que participaron en la operación franco-española para detener a los integrantes del aparato de extorsión de la organización terrorista ETA", tal y como solicitaba Dignidad y Justicia. Y también acepta la petición de la AVT de requerir a este cuerpo si existió "orden de servicio o comunicación similar" para que el inspector de la Brigada de Información de Álava que está imputado fue "comisionado" para desplazarse a Irún el 4 de mayo de 2006.
En caso de no existir dicho parte, Ruz solicita que "se aporte el protocolo de actuación policial que pudiera existir relativo a la obligatoriedad o no de realización de partes de actuación que justifiquen la salida de un funcionario policial fuera de la demarcación provincial donde ejerce su trabajo".
A petición de la defensa del jefe superior de Policía en el País Vasco, el juez acuerda una ampliación de la prueba pericial telefónica para "concretar si en 2006 existían medios técnicos que permitieran ubicar un teléfono móvil en un punto exacto o simplemente indicaban una zona".
Ruz rechaza un informe de la Guardia Civil
No obstante todo lo anterior, el juez rechaza, tal y como pedía la Fiscalía, que se realice "un informe ampliatorio sobre los teléfonos prepago que efectuaron o recibieron llamadas en los alrededores del 'Faisán'", al considerar que "en el presente estadio" no es pertinente porque esta misma diligencia ha sido solicitada al Cuerpo Nacional de Policía.
El fiscal entendía que "resultaría de interés que, de la misma forma que el instructor ha acordado que la Guardia Civil haga un informe complementario del ya hecho sobre la cinta de vídeo" que grababa los movimientos que se producían en el establecimiento, "fuese realizado otro informe complementario" sobre las llamadas efectuadas con tarjetas prepago.
Ruz tampoco acepta, como pedía la AVT, que se " identifique si hubo algún funcionario policial" que desde el 29 de abril hasta el 2 de mayo de 2006 "accediera a la base de datos del DNI para realizar consulta alguna relativa a Joseba Elosua o al vehículo Ford Focus de su propiedad". El juez entiende que esta diligencia "ya fue practicada en el pasado, habiéndose agotado ya dicha línea de investigación".
Estas diligencias se suman a las que el juez dictó el pasado 24 de enero para reactivar la investigación, entre las que se encontraba preguntar a los responsables de la investigación por los cortes que tenía el vídeo que ofrecía las imágenes del establecimiento.
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