Empleo detecta 37 nuevos casos de posibles prejubilados "de forma indebida"

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha detectado 37 nuevos casos de personas que podrían estar percibiendo prejubilaciones "de forma indebida" en la investigación interna que realiza este departamento en relación con las ayudas sociolaborales asociadas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y empresas en crisis.

   Así lo ha anunciado la consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha detallado que los datos relativos a estos 37 nuevos casos, detectados en una docena de EREs  actualmente vivos en la Consejería de Empleo (que ha analizado hasta el día de hoy 30 expedientes), van a ser remitidos este mismo martes al juzgado número 6 de Sevilla para su "evaluación penal".

   Moreno ha indicado que entre esos 37 casos no se incluyen los dos detectados en un primer momento en los EREs de Mercasevilla de 2003 y 2007, Carmen Fontela González y Antonio Garrido Santollo, respectivamente. Respecto a los 37 nuevos casos no ha querido hacer públicos los nombres ni de personas ni de las doce empresas en cuyos EREs se habrían detectado porque se puede estar perjudicando gravemente derechos de terceros, apuntando que la obligación de la Junta es ponerlo en conocimiento de la justicia. Preguntada sobre si podría haber algún caso que afectara a un ex alto cargo de la Junta, ha recalcado que al juzgado se han remitido todos los nombres detectados "sin ningún distingo y sin ninguna excepción, afecten a quien afecten".

   Junto a ello, el Consejo de Gobierno ha acordado solicitar a la Cámara de Cuentas la fiscalización de las ayudas sociolaborales asociadas a trabajadores afectados por EREs y empresas en crisis desde el año 2001 hasta la actualidad, así como iniciar el procedimiento para la personación de la Junta en las actuaciones, "presumiblemente en calidad de perjudicada".

   Tras negar con rotundidad la existencia de "fondos ilegales" y que cuestione de forma general la gestión de fondos para EREs y prejubilaciones,   Moreno ha querido dejar clara la "colaboración activa" de la Consejería de Empleo con los tribunales para el "esclarecimiento de estos hechos y de sus autores" y ha anunciado que el titular de este departamento, Manuel Recio, comparecerá la próxima semana en el primer Pleno del Parlamento del nuevo periodo de sesiones para informar sobre este asunto.

   "La Junta de Andalucía quiere que la justicia llegue hasta el fondo con todas las consecuencias, que es lo que le interesa a la ciudadanía andaluza", según ha indicado la consejera, quien ha precisado que el Gobierno andaluz es activo en la persecución de cualquier irregularidad y abuso que se haya podido producir de cualquier recurso público.

   Moreno ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz respalda las políticas de ayudas sociales y económicas a los trabajadores y empresas en crisis que se han realizado durante los últimos años. "Hoy son más de 6.000 los trabajadores que perciben ayudas para su prejubilación y muchas comarcas de Andalucía han conseguido mantener su actividad industrial gracias a la intervención y al apoyo económico de la Junta", según ha sentenciado Moreno, quien ha recalcado que es una política absolutamente "pública y notoria, por todos conocida".

   "Rechazamos de plano cualquier descalificación general de estas políticas y la existencia de nada parecido a fondos ilegales", según ha indicado la consejera, quien ha precisado que los fondos de ayudas a trabajadores y empresas en crisis están perfectamente reflejados en los presupuestos de la comunidad, que son aprobados por el Parlamento, el cual, por tanto, tiene puntual conocimiento de su existencia, cuantía y de las partidas que se realizaban tanto al IFA como a la agencia IDEA.

   Tras insistir en rechazar cualquier calificación de fondos "ilegales", la consejera ha precisado que "otra cosa bien distinta es que pueda haber habido un uso indebido de esos fondos", ante lo que la justicia actuará. "Pero negamos con rotundidad que los fondos o los procedimientos administrativos sean ilegales o que no exista control de esas partidas", ha recalcado, precisando que el instrumento que escoge la Consejería de Empleo es el de transferencia de financiación de explotación, el cual permitía transferir partidas globales, no destinadas a operaciones concretadas, con una atribución que se producía por ley puesto que se acordaba en la ley de presupuestos.

INFORMES DE INTERVENCIÓN GENERAL DE HACIENDA

   Tras precisar que, sin duda, se puede discutir si ese procedimiento es el más adecuado o no, la consejera ha expuesto que la Intervención General de Hacienda, a partir del año 2005, "reiteró en varios informes su disconformidad con el procedimiento escogido" y dichos informes, no vinculantes, fueron discutidos con las correspondientes alegaciones por la Dirección General de Trabajo. Como consecuencia de la disconformidad con el procedimiento, según ha añadido, en 2005, Intervención General realizó una auditoría específica sobre un muestreo aleatorio de 20 EREs, que tuvo como conclusión considerar "correcto el resultado desde el punto de vista de la gestión no así desde el punto de vista del procedimiento, con el que seguía manteniendo esa discrepancia".

   "Hubo una auditoría que en modo alguno despertó ningún tipo de alerta sobre la gestión de los recursos", según ha sentenciado Mar Moreno, quien ha agregado que, no obstante, ante una evidente discusión sobre el procedimiento se van produciendo cambios en el procedimiento que se utiliza de relación entre la Dirección General de Empleo y el IFA o la agencia IDEA. Ha precisado que la decisión sobre el procedimiento a seguir, esto es, la transferencia de financiación de explotación, fue de carácter  "técnico-político, que son las que toman las direcciones generales". "La Dirección General de Empleo era la competente en la materia", ha indicado.    

   Para la Junta, el origen de las irregularidades o presuntos delitos que se están investigando no está en el procedimiento ni mucho menos en la naturaleza, perfectamente legal, de los fondos en cuestión, sino que está "en la intención de quienes las han cometido y en su comportamiento no ajustado a derecho, si terminan por comprobarse estas graves acusaciones que ahora mismo hay sobre la mesa".  

   Tras insistir en la que el Gobierno andaluz colabora de forma activa con la justicia y es el primer interesado en que se persiga a los presuntos culpables de cualquier delito que pueda afectar a la gestión de la Junta, ha lamentado la actitud del PP-A en este asunto, ya que tiene una evidente intención de "desgastar" al Gobierno. A su juicio, las acusaciones generalistas y las descalificaciones "claramente políticas del Partido Popular sólo las aprovecharán quienes han abusado de lo público porque sólo conducen a la confusión".

   Moreno también ha rechazado las "informaciones torticeras y radicalmente falsas" que se están realizando contra personas como el candidato del PSOE a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas, en relación con un ERE en Egmasa. "El PP no persigue la verdad, persigue al Gobierno, el cual persigue a quienes se aprovechan de lo público, con todas las consecuencias, caiga quien caiga, como consecuencia de las investigaciones abiertas en el juzgado o en la propia consejería", ha indicado.