Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición en Venezuela, cuestionó abiertamente la citación emitida por el Ministerio Público (MP) para su comparecencia este lunes.
Además, teme ser detenido en cualquier momento, como otros miembros de la oposición en anteriores ocasiones.
Según González Urrutia, la solicitud de la Fiscalía carece de las "garantías de independencia y del debido proceso".
En un mensaje difundido a través de su perfil en la red social X, el dirigente de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que encabeza la principal coalición opositora, expresó su preocupación por la falta de claridad en las condiciones de la citación y la presunta calificación de delitos que él no ha cometido. A pesar de estas críticas, no ha confirmado aún si asistirá a la cita.
La notificación del Ministerio Público indica que González Urrutia debe presentarse este lunes a las 10:00 hora local (16:00 hora en España).
La citación forma parte de una investigación sobre la "presunta comisión de delitos" que incluyen usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. En concreto, por publicar supuestas actas electorales.
¿Ganador de las elecciones?
González Urrutia, quien asegura haber sido el verdadero ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, discrepando con el Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó a Nicolás Maduro como ganador, argumentó en su video que el fiscal general, Tarek William Saab, ha demostrado ser un "acusador político" al adelantar condenas y promover una citación sin las debidas garantías procesales.
En su intervención, Urrutia también hizo un llamamiento a Maduro para que "comprenda de una vez por todas" que la solución no radica en la represión, sino en la verificación internacional, independiente y confiable de las actas electorales.
González Urrutia criticó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que valida la reelección de Maduro, y subrayó que la veracidad de las actas del 28 de julio es crucial para preservar la institucionalidad democrática del país.
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