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Memoria histórica y memoria histérica

viernes 11 de agosto de 2017, 12:39h

El periodo de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, supuso un gran impulso sobre leyes de claro signo progresista que fueron imprescindibles para la consolidación de derechos ignorados en la época de José María Aznar. Leyes como la de Igualdad, de Violencia de Genero, Matrimonio Homosexual, Dependencia….o la hoy más de actualidad que nunca Ley de Memoria Histórica, configurada para devolver la dignidad a los miles de españoles que fueron ejecutados y represaliados por la dictadura de Franco y que además venía a eliminar todos los símbolos y restos de un estado que durante cuatro décadas sometió a los españoles bajo una represión sistemática.

El 10 de diciembre de 2007, con la legislatura en sus estertores y cuando ya parecía que no iba a salir adelante, el Congreso aprueba la mencionada Ley de la Memoria Histórica, algo que no constaba como promesa electoral de Zapatero, pero que a lo largo de la primera legislatura del socialista fue tomando cuerpo, llegando incluso a declararse el 2006 como Año de la memoria histórica. Muchos mostraron su escepticismo creyendo que no era más que un gesto, pero que no se llevaría a su aprobación por el Legislativo. Cuando el texto de la ley fue presentado en el parlamento, el Partido Popular lo definió como "un ataque a la Transición" y votó en contra al igual que ERC, si bien esta formación lo hizo por motivos bien diferentes, alegando que era notablemente insuficiente en su definición.

El texto recoge un reconocimiento a todas las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, a la vez que declara "ilegítimos" a los tribunales franquistas y sus sentencias, a la vez que obliga a los ayuntamientos a retirar los signos y símbolos conmemorativos de sus calles. Otro de los puntos destacados de la Ley es que el Estado se compromete a "ayudar" en la apertura de las fosas comunes, si bien esto no se hace con cargo a partidas presupuestarias concretas. Una vez entrada en vigor, se procedió a su ampliación e implantación territorial y por tanto desde 2009 las Comunidades Autónomas vienen legislando sobre la memoria histórica. En Cataluña se aprobó la Ley 10/2009, de 30 de junio, sobre la localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y la dignificación de las fosas comunes. En Navarra la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936 y en las Islas Baleares la Ley 10/2016, de 13 de junio, para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo, al igual que en Andalucía, única comunidad que ha hecho un inventario de las fosas comunes. Extremadura, Aragón, Canarias y Comunidad Valenciana, también han legislado en esta materia. Curiosamente, ninguna de estas comunidades autónomas, están gobernadas por el PP.

Pero de todo esto, que no deja de ser un marco legal, son los gobiernos estatal y autonómicos los que se encargan de su aplicación, así como los ayuntamientos en su obligación de eliminar las referencias franquistas que aún se encuentran a cientos por municipios de gran parte de España. Han tenido que pasar diez años y coincidir con la llegada de ayuntamientos progresistas como es el caso de Madrid por poner un ejemplo, para llevar a cabo la sustitución de nombres de calles que loaban a prebostes del franquismo y hechos relacionados con la dictadura, aplicándose conforme a lo exigido legalmente. Ante dicha actuación, que no hace sino cumplir con lo recogido en la ley, se desató una gran polémica dirigida por los populares con Esperanza Aguirre a la cabeza como líder de la oposición municipal, tratando de denunciar el hecho al que tachó como acto de revanchismo político, que reabría las heridas de la Guerra Civil……..

La reacción histérica de los franquistas y tardofranquistas ante el cambio de denominación de calles y no digamos ante el hecho de insistir los familiares en recuperar los cuerpos enterrados en fosas comunes de miles de víctimas de la guerra y la represión posterior, han tenido su mejor embajador en la figura del portavoz del PP en el Congreso Rafael Hernando, esa especie de Risto Mejide de la política, que si no fuera por su tono impertinente y desafiante, sería menos conocido que el alcalde de un municipio de Uzbekistan. Este personaje despreció una vez más los sentimientos de las familias de las victimas al decir que: “solo se acuerdan de sus familiares muertos en las cunetas, cuando hay subvenciones”. Ante tal afirmación, no hay que hacer más comentarios, pues ya se califica el propio Hernando por sí mismo. Esta defensa de los populares de símbolos franquistas y desprecio por lo recogido en la Ley de Memoria Histórica, no se puede entender en un partido democrático que por definición, debería estar en las antípodas de lo que Franco y su dictadura significó. Tal vez estas actuaciones se entienden porque la masa electoral que llena las urnas de votos a los de Génova, comparte el mismo desapego por la defensa de dicha reivindicación histórica de los represaliados por la dictadura.

Es aberrante que durante años la llamada Fundación Francisco Franco, haya recibido subvenciones del gobierno central que le han permitido seguir llevando a cabo su labor de “contar la grandeza de la obra del Caudillo” como ellos mismos afirman y que llenan de estupor e indignación a tantos miles de españoles que han padecido el régimen, incluso pagando con su vida la defensa de sus ideales democráticos. El simple hecho de permitir la existencia e inclusive la dominación de la mencionada fundación, ya es una anomalía democrática en sí misma ¿Se imagina alguien una fundación denominada Adolf Hitler en Alemania o Benito Musolini en Italia? Pues sí, en España tenemos al tercero del trio, que fue enterrado con todos los honores en el Valle de los Caídos, símbolo emblemático del régimen y otro de los agravios aun no corregido.

Los de la memoria histérica que hacen apología del franquismo con total libertad e impunidad, son capaces de hacer ostentación publica de símbolos y canticos como ocurrió en el reciente entierro de José Utrera Molina - suegro de Alberto Ruiz-Gallardón, allí presente- que mantenía viva la llama del franquismo y al que rindieron tributo un grupo de nostálgicos cantando el Cara al Sol, sin que nadie lo impidiera. La escenificación exhibida en el entierro de un personaje como Utrera, vulnera lo recogido en la Ley de Memoria Histórica, pero lo que es más grave es la impunidad con la que se ha producido y la inacción de las autoridades ante este tipo de homenajes, lo que demuestra que el franquismo a los ojos de los actuales gobernantes, es tan solo una anormalidad democrática que se resuelve con solo mirar hacia otro lado.

La extrema derecha que tanto está proliferando en Europa y que se hace fuerte sobre todo ante el terrorismo yihadista y la llegada de refugiados, sorprendentemente no parece aflorar como fuerza electoral en España ¿Estará camuflada la ultraderecha en el seno de algún partido político español? La pregunta esta lanzada y la respuesta la dejo en manos del lector.

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