En un año puede arrancar el Ecoparque Besaya

Se trata de una actuación que, por el contrario, el PP ve "especulativa" y cargada de "sospechas".El proyecto podría comenzar a ponerse en marcha en torno a octubre del año próximo, una vez que se apruebe definitivamente el PSIR, según detalló Agudo, quien explicó que habrá una inversión inicial de 110 millones de euros para infraestructuras, a cargo del socio privado, y que generará una inversión adicional de 500 millones de euros.

Asimismo, se plantean 2.600 viviendas protegidas y la actuación permitirá duplicar la superficie del polígono industrial de Reocín.

Tras el cese de la actividad minera de la empresa AZSA en Reocín, se decidió convertir esa zona en un área en la que se harían actuaciones de restauración medioambiental, actividades comerciales y viviendas protegidas, en un proyecto tramitado mediante PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional) y que será desarrollado por la iniciativa privada, en concreto, por la empresa Alcalá 120, adjudicataria del concurso.

El proyecto de la sociedad 'Ecoparque Besaya' fue debatido hoy en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Cantabria, en una comparecencia a petición de Agudo tras las críticas 'populares' y distintas informaciones sobre el proceso de tramitación y adjudicación.

Así, el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Luis Carlos Albalá, mostró sus "dudas" y "sospechas fundadas" sobre el proceso administrativo, pero también sobre el contenido del proyecto, que, recordó, en el pliego de condiciones fijaba el número de viviendas en 4.000, ubicadas "casi en el monte", con una población total se estuvieran habitadas que estimó en 14.000 personas, más que municipios cántabros como Laredo, Los Corrales o Cabezón de la Sal.

Además, consideró que este PSIR supone un "caso paradigmático" de "agresión" a la autonomía municipal, al "forzar" el Gobierno a los ayuntamientos implicados (Cartes, Reocín y Torrelavega) a "tomar decisiones urbanísticas a ciegas" sobre el proyecto.

El parlamentario extendió sus dudas a la "bondad" del proyecto, que calificó de una "auténtica barbaridad" y un "negocio", al contemplar superficie para autoconsumo, "por si quiere incrementar el beneficio con un poco más de especulación".

A estas críticas, Agudo le replicó que los ayuntamientos afectados forman parte de la Sociedad Ecoparque Besaya de forma voluntaria, y rechazó que una proporción de 25 viviendas por hectárea sea especulación, además de defender el carácter estratégico de la propuesta en el plano comercial y la dotación de infraestructuras complementarias contemplada en el proyecto.

"Entramado familiar"

Albalá denunció el "entramado familiar y empresarial" existente a su juicio en la tramitación del proyecto y la adjudicación del mismo a la empresa Alcalá 120.

Así, detalló que en la Comisión que asesoró a la CEP (Coordinadora de Empresas Públicas, que adjudicó el proyecto) para estudiar las propuestas recibidas, figuraba como secretario Gervasio Martínez.

Según detalló, este hombre trabaja en el despacho de abogados 'Garayar Asociados'. Como compañeros tiene al fundador del bufete, Emiliano Garayar, quien es, según Albalá, patrono de la Fundación Comillas.

En la citada fundación, Garayar coincide con Jaime Montalvo, que es patrono de la misma y padre de Javier Montalvo, otro de los socios del despacho de abogados en el que trabaja Gervasio Martínez, secretario de la comisión asesora de la adjudicación.

En base a esta relación, Albalá pidió al consejero que explicara la designación del secretario, "para disolver las sospechas" sobre la adjudicación.

A esto, el consejero de Economía le replicó que tenía que ser Albalá quien "demuestre sus acusaciones" porque "la inocencia se presupone" en los estados democráticos. "Demuestre las acusaciones y si no, cállese", aseveró.

Agudo le aclaró que el secretario de la Comisión Técnica, Gervasio Martínez, no tiene "capacidad de decisión" y "carece de voz ni voto". Además, matizó que Garayar --el fundador del bufete--, a quien Albalá situó como patrono de la Fundación Comillas es, en realidad, secretario del Patronato del citado órgano.

Y en cuanto a la presencia de Jaime Montalvo en el Patronato de la Fundación Comillas, recordó que figura como persona de reconocido prestigio, al ser en ese momento presidente del Consejo Económico y Social a nivel nacional. También recordó el origen cántabro de los integrantes de este despacho de abogados.

Además, explicó que en la empresa adjudicataria, Alcalá 120, el 51% del capital pertenece a la empresa Procan, que es propiedad de Caixa Cataluña, socio financiero, mientras que el 49% restante es de Silver Eagle.

' Dos proyectos'

El consejero de Economía recordó que, cuando se convocó el proceso para adjudicar este proyecto mediante un método "innovador", se interesaron por él un total de 23 empresas privadas, de las que finalmente fueron dos las que se presentaron, Sadisa y la adjudicataria, Alcalá 120.

Según especificó Agudo, en la propuesta de Sadisa se reservaba para sí misma (posibilidad que permitían los pliegos) un 20% del terreno, y tenía una rentabilidad, incluyendo los proyectos de vivienda, ciudad del transportista (además de un campo de golf) de 44,5 millones de euros, además de incrementar en un 100% la superficie se suelo edificable.

Asimismo, se aumentaba en un 23,5% la superficie de suelo residencial protegido y se reducía en un 32 la superficie no lucrativa. El plazo fijado por Sadisa para desarrollar el proyecto era de 10 años, pero en función de que se fueran ejecutando las ventas.

Por el contrario, incidió el consejero, la propuesta de Alcalá 130 limitaba la superficie de autoconsumo al 8,27%, obtenía una rentabilidad para sí misma menor, de 24 millones de euros, la parte residencial protegida aumentaba en un 1,13% y la no lucrativa coincidía con los pliegos, además de plantear un plazo de 5 años.

La propuesta de Sadisa incluía la construcción de 3.645 viviendas de protección en el régimen autonómico, con 400 más de lo permitido, mientras que Alcalá 120 las fijaba en 2.679, con distintos tipos de protección.

"La iniciativa pública se tiene que anteponer a los intereses privados", defendió Agudo, quien instó a Albalá a que dijera a que propuesta le hubiera adjudicado el proyecto.

'Intereses privados'

Por su parte, la portavoz socialista, Purificación Sáiz, achacó las críticas recibidas a este proyecto a que "choca con intereses privados", lo que ha provocado que se tratara de sembrar "dudas" e "intoxicar" sobre el mismo.

Mientras, la regionalista Rosa Valdés lamentó la "doble vara de medir" del PP, citando distintos casos de "irregularidades" en el Ayuntamiento de Santander, como el "desfalco" de Mercasantander o la anulación de la adjudicación de las sedes de los bomberos y el TUS, entre otros.