Sanidad no es marketing publicitario

La presencia en los hospitales del consejero Güemes, responsable de sanidad de la Comunidad de Madrid, viene acompañada, en los últimos tiempos, de concentraciones de protesta de los trabajadores sanitarios y, en no pocas ocasiones, de los propios usuarios y pacientes.

Es muy fácil, para quien tiene micrófonos siempre al alcance de la lengua, explicar una y mil veces que son eso que llama "liberados sindicales" quienes organizan, participan y realizan las protestas que le acompañan en cada nueva inauguración, auténtica pasión desbordada a la que se entrega el consejero, hasta el punto de inaugurar bebés recién nacidos. Repetir mil veces algo no lo convierte en verdadero.

Algo más debe estar pasando en la sanidad madrileña para que, sin que haga falta que venga de visita el consejero, cientos de trabajadores del 12 de Octubre o del Gregorio Marañón, La Paz, el Ramón y Cajal o Móstoles se concentren para protestar contra una política sanitaria que pone en riesgo sus puestos de trabajo.

CCOO nunca justificaremos la violencia, pero defendemos la libertad de concentrarse, manifestarse o ir a la huelga, porque son derechos constitucionales y formas democráticas de expresar un malestar existente, un problema no resuelto o la falta de voluntad negociadora de quienes, ostentando una responsabilidad, creen que han sido elegidos para gobernar con manos libres, sin negociar con los legítimos representantes de la sociedad.

Hablamos de Constitución y derechos constitucionales porque no queda más remedio que recordarles a nuestros gobernantes regionales que los partidos son la expresión del pluralismo político (artículo 6); que los sindicatos defienden y promueven los intereses económicos y sociales de los trabajadores (artículo 7); y que los poderes públicos tienen la obligación de remover los obstáculos que impiden la libertad de los individuos y los grupos y su participación en la vida política, económica, cultural y social (artículo 9).

De eso hablamos. De que nadie es ajeno a las políticas públicas, y que organizaciones empresariales y sindicatos estamos plenamente legitimados para negociar con los partidos y con los poderes públicos todo aquello que nos afecta como empresarios y trabajadores.

La sanidad es una de esas políticas que afectan al bienestar y la cohesión de la sociedad. Las familias trabajadoras necesitamos un sistema sanitario público, gratuito, universal y de calidad porque la salud forma parte esencial de la seguridad de nuestras vidas.

Las transferencias sanitarias llegaron a la Comunidad de Madrid en 2002 con el último Gobierno de Aznar en el Estado y de Gallardón en la Comunidad. La economía era boyante y los criterios políticos primaron sobre la negociación de unos recursos suficientes para atender las necesidades reales de la ciudadanía.

Embarcados en construir kilómetros y más kilómetros de Metro y autopistas, el Gobierno Aguirre vio en el modelo de los nuevos hospitales una oportunidad de diferir el pago a las empresas privadas que los han construido. Saldrán tres veces más caros, pero los pagarán, durante treinta años, los presupuestos de quienes vengan detrás en el Gobierno. De paso se abren campos de negocio para quienes gestionen los servicios no estrictamente sanitarios desde la iniciativa privada. Por ejemplo la administración, la limpieza, el mantenimiento o la hostelería.

Incluso uno de los hospitales, el de Valdemoro, es privado construido sobre suelo público. Este es el modelo que tendrán los cuatro nuevos hospitales prometidos. El vuelco dado a la sanidad madrileña se completa con el pase de cada hospital antiguo remodelado a ser gestionado con participación privada.

La alarma sembrada entre los profesionales, que ven amenazadas sus condiciones de trabajo y su empleo, se encuentra en la base de las movilizaciones de los trabajadores de los hospitales con o sin visita del consejero de por medio.

Los nuevos hospitales se han puesto en marcha con precipitación. Han inaugurado edificios sin profesionales y sólo con algunos servicios como urgencias. Sin medios ni recursos suficientes. Trayendo profesionales de unos hospitales a otros sin cubrir sus vacantes, con el método que pomposamente denominan "reasignación de efectivos". Todo esto crea inseguridad entre los profesionales y en los pacientes, que también protestan. 

El consejero ha dejado de inaugurar por unos días y se ha dedicado a atacar a los "liberados sindicales". A reunirse con sindicatos afines. A vender vídeos identificando a personas en función de su afiliación sindical. José María Fidalgo y Cándido Méndez lo han dejado claro. Aquí no hay acoso sino malestar y protesta. Aquí hay un problema gordo que conviene abordar desde la negociación entre los legítimos representantes políticos y los no menos legítimos representantes de los trabajadores. Abordar los problemas  laborales y el propio enfoque de un derecho constitucional como es la sanidad, que no puede convertirse en mera actividad económica. Una política social que no puede someterse a las apetencias del mercado.

CCOO venimos reclamando, desde la unidad de acción con UGT, un pacto por la sanidad pública que aparte este derecho fundamental de la confrontación política y social. El Gobierno regional ha optado por mantener su política privatizadora y no negociar nada. Nosotros no vamos a cejar en nuestra exigencia de negociación y de diálogo, pero cuando la crisis económica aprieta el margen es cada vez menor y todo lo que puede empeorar termina empeorando. Los conflictos no negociados ni solucionados sólo agudizan los problemas y el agua embalsada termina desbordándose.

Dejen de inaugurar y siéntense a negociar. A tumba abierta, a cara de perro. Pero sin tregua y sin tardanza.