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La consejera se mantiene en sus trece

Colocar aulas para los objetores iría contra la ley

Colocar aulas para los objetores iría contra la ley

Habla de sosiego en el desarrollo de la asignatura en la región

jueves 13 de noviembre de 2008, 19:53h
Actualizado: 14 de noviembre de 2008, 07:09h
Habilitar aulas para los alumnos objetores de la asignatura de Educación para la Ciudadanía sería ir contra la normativa vigente, que exige a todos los alumnos a recibirla. Son palabras de la consejera de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha, María Ángeles García, a preguntas de la diputada popular Cesárea Arnedo, en las Cortes regionales. La consejera defiende a los inspectores y califica su trabajo de profesional, impecable y rigurosa con la ley.
La consejera de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha, María Ángeles García, señaló hoy que en ningún centro de la Comunidad Autónoma existe ningún aula habilitada para los alumnos objetores de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y agregó que "eso no va a ser posible" porque "iría contra la normativa vigente".

García se pronunció así en las Cortes, en contestación a una pregunta oral formulada por la diputada del Partido Popular Cesárea Arnedo, interesándose por el número de aulas habilitadas en el Instituto de Educación Secundaria (IES) 'Carpetania' de Yepes (Toledo), y precisó que ni en ese centro ni en ningún otro de la región existen esas aulas ya que, según la ley, "todos los alumnos tienen que ir a la asignatura y recibirla", recordó.

De otro lado, la titular de Educación y Ciencia indicó, en respuesta a otra pregunta oral de Cesárea Arnedo, que la actuación de los inspectores de la Consejería en ese mismo centro de Yepes (Toledo), ante siete alumnos objetores de esta asignatura, fue "profesional, impecable, rigurosa y acorde con la legislación vigente".

"Sería conveniente no cuestionar las actuaciones de los docentes cuando cumplen con su actuación y con la normativa vigente", apuntó García, quien detalló cómo los inspectores señalaron la obligación de los centros de impartir la asignatura, siendo los padres que objetan los que deben responsabilizarse de sus hijos mientras no van a clase de esa materia.

A pesar de ello, subrayó cómo los centros custodian a esos alumnos mientras no van a a clase, respetando las medidas cautelares, convencida -ante las críticas del PP por la "intranquilidad" existente en los equipos de dirección de los centros sobre cómo actuar en este asunto- de que en esta Comunidad Autónoma, hay un "total y absoluto sosiego" en el desarrollo de Educación para la Ciudadanía.


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