La cadena de producción de alimentos tiene un número plural de eslabones, donde intervienen actores tan distantes y distintos como un empaquetador o un fabricante de insumos. Entre la elección y siembra de la semilla, hasta el momento en que la cajera marca el precio del producto, ocurren decenas de pasos en un proceso en que intervienen directa e indirectamente cientos de colaboradores.
De allí que el perjuicio no es solamente el pago de aranceles que tendrán que pagar los productores y comercializadores panameños, si quieren mantener su cuota de exportación en los mercados europeos. En el camino se quedarán sin ingresos jornaleros, camioneros, transportistas, empaquetadores, administradores y proveedores de insumos, además de costureros, vendedores de botas, fondas de comida y todo aquel que entre en una cadena de producción de las más complejas del sector agropecuario.
Señalar culpables, esconder pruebas, fabricar excusas o asumir el costo del millonario descuido no solucionará el error. El precio a pagar es incalculable por los múltiples panameños perjudicados. Ya es hora de que los funcionarios paguen por las ‘fallas’ que, desde hace una y media década aproximadamente, le han costado al Estado cientos de millones de dólares, mientras que ellos, los que se descuidaron, gozan una impunidad que dejó en la pobreza a compatriotas que, a fin de cuentas, son quienes pagan sus salarios.
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