La consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, ha resaltado que las actuaciones de su departamento en materia de menores y reforma juvenil se encuadran en los principios de reeducación y recuperación para la sociedad de aquéllos menores y jóvenes en riesgo de exclusión y en conflicto social, con desarrollo de las políticas de cooperación con otras entidades e instituciones.
'Es este un trabajo en el que se necesita sin remisión la implicación de todos los sectores (el público, el privado, el empresarial, el social, etc.) ya que la reinserción ha de ser fruto del esfuerzo de la sociedad civil en su conjunto', aseguró la titular de la Consejería.
La prestación de servicio en beneficio de la comunidad es una de las catorce medidas judiciales que se pueden imponer a los menores infractores y de las convencionalmente denominadas de medio abierto.
Tiene carácter voluntario, aceptada o consentida por el menor, y se traduce en actividades que tienen que estar siempre relacionadas con el interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad.
Estas actividades en todo caso no son retribuidas y, por tanto, no están supeditadas a la consecución de intereses económicos.
Asimismo, bajo ninguna condición podrán atentar a la dignidad del menor, comportando además un contenido educativo orientado a su desarrollo integral.
A juicio de López, resulta fundamental la colaboración entre la Consejería de Justicia y Administración Pública y cada una de las diputaciones al objeto de conseguir una intervención más eficaz con los menores que están sujetos a medidas judiciales como consecuencia de su conducta infractora.
Los acuerdos consiguen una mejor coordinación en la aplicación de las medidas dictadas por los Juzgados de Menores, cuando éstas obligan a realizar servicios sociales a los menores infractores.
'Desde la Junta de Andalucía entendemos que la única opción efectiva para facilitar la inserción social de los menores infractores es proporcionarles los mecanismos necesarios para que sus proyectos de vida, después del cumplimiento de la medida judicial, se encaucen y desarrollen bajo parámetros de normalidad, lejos de las causas que les incitan a delinquir', indicó López.
También constituye el objeto de los convenios la ejecución de tareas socioeducativa, que comportan la realización de alguna actividad de contenido educativo, orientada al desarrollo integral del menor, buscando satisfacer necesidades concretas del repertorio de competencia social del menor; y las reparaciones a favor de la sociedad, derivadas del proceso extrajudicial de conciliación y reparación que se traducen, por lo general, en actividades análogas o similares a las prestaciones en beneficio de la comunidad.
Las medidas socioeducativas y las de conciliación alcanzaron la cifra de 3.070 el pasado año, según los datos ofrecidos por la consejera.
Las actividades podrán ser realizadas en los distintos programas que desarrollen las áreas de Derechos Sociales de cada una de las diputaciones, encargadas de planificar e implementar las políticas sociales y de género, especialmente los servicios sociales comunitarios.
Por su parte, las delegaciones provinciales de Justicia y Administración Pública programarán y desarrollarán con los técnicos responsables del Equipo de Medio Abierto (EMA), en coordinación con las instituciones provinciales, los proyectos de trabajo individual a realizar con los menores.
La Consejería impulsa así políticas dirigidas a la creación y consolidación de una red de recursos suficientes y especializados para atender las demandas de Juzgados de Menores y proyectar líneas de futuro que garanticen estabilidad en la recuperación y normalización social los jóvenes y menores en conflicto social.
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