El ex consejero de Gobernación cuando Joaquín Leguina era presidente regional niega rotundamente que durante su mandato hubiese seguimientos, contravigilancias o espionajes, ya que su departamento sólo era responsable por ley de la Protección Civil, Bomberos y vigilancia de edificios.
Virgilio Cano, primer compareciente llamado a la comisión para averigüar las posibles responsabilidades políticas por los seguimientos a cargos de la Comunidad de Madrid, fue llamado por el PP para dejar claro que la dirección general de Seguridad actual, a quien se imputa los espionajes "no fue creado por el actual Gobierno ni por el consejero de Presidencia".
El ex responsable de Gobernación aseguró "taxativamente" que durante el Gobierno de Joaquín Leguina "hacíamos vigilancia y control de acceso de los edificios de la Comunidad". "No hacíamos vigilancias, contravigilacnias ni seguimiento ni habia medios materiales ni humanos asignados a ello y por supuesto ningún tipo de espionaje. Jamás hubo un informe, parte comunicación o nota de ninguna cosa que no tuviera que ver estrictamente con las competencias que he referido", sentenció.
El portavoz del PP, David Pérez, recalcó que dos convenios firmados por el propio Cano habilitaban al personal a realizar "funciones de vigilancia de personas" y a portar armas a los vigilantes de edificios, aunque el compareciente negó que eso significase que se produjera ningún hecho como los que ahora se imputan a la consejería que hoy dirige Francisco Granados. Además, recalcó que uno de los técnicos de seguridad ahora sospechosos de espionaje, José Manuel Pinto, entró a formar parte del servicio de Gobernación tras aprobar entonces una oposición.
Para PSOE e IU en cambio, la comparecencia dejó claro que "no existe ninguna similitud en cuanto a estructura, medios y tareas" entre el entonces equipo de Leguina -el único según Cano que llegó a tener escolta y por un acuerdo con el Ministerio de Interior- y las actuales funciones de la Dirección General de Seguridad.
Si (
No(
