La semana que viene se sabrá si se admite la denuncia del PP contra Garzón

En declaraciones a los periodistas, antes de presidir una reunión de todos los fiscales jefe de Andalucía en Almería, Conde-Pumpido determinó que es esta Fiscalía la que debe analizar la querella que le fue trasladada este jueves, por lo que añadió que "no puede determinar lo que decidirá el Supremo". La citada Sala de admisiones está integrada actualmente por los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Juan Saavedra Ruiz, Joaquín Giménez y Francisco Monterde.

Fuentes del alto tribunal explicaron que la composición de la Sala de Admisiones por causas especiales (las relativas a aforados) está señalada actualmente por cuatrimestres, y que a los magistrados antes citados les compete estudiar la tramitación o no de todos los casos en los que estén implicados aforados (parlamentarios, miembros del Gobierno o magistrados) entre el 1 de febrero y el 31 de mayo. No obstante, este tribunal podría ampliarse a cinco miembros -los siguientes de la lista de reparto son Andrés Martínez Arrieta y Miguel Colmenero-, ya que así se realiza en los casos en los que se considera necesario por la especial trascendencia del asunto.

Sólo si la querella es admitida, la Sala nombrará un instructor que será el encargado de resolver sobre las pruebas a celebrar, tales como declaraciones o informes periciales. Ante los periodistas, Cándido Conde-Pumpido se mostró "satisfecho" de la decisión tomada por Baltasar Garzón sobre su inhibición de una parte de la investigación en referencia al 'caso Gürtel' al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al encontrar indicios de responsabilidad penal en varios cargos de ambas comunidades autónomas, entre ellos, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

En declaraciones a los periodistas, Conde-Pumpido explicó que el acto de Garzón demuestra que "el criterio competencial de la Fiscalía Anticorrupción ha sido respectado por el juez en la medida en la que Fiscalía había estimado que no había base para trasladar el asunto ante el Tribunal Supremo".  El fiscal general del Estado indicó que ahora es competencia del TSJM y al TSJV "establecer las resoluciones correspondientes" y señaló mientras que estos tribunales no se pronuncien, el Juez de Instrucción puede continuar la investigación, según dijo la Fiscalía.

Cuatro jueces para estudiar la inhibición de Garzón
Además, serán cuatro los magistrados que deberán pronunciarse en las próximas semanas sobre la admisión total o parcial del 'caso Gürtel. En caso afirmativo, designará a un instructor para que siga investigando los hechos.

La Sala de lo Civil y de lo Penal será la encargada de decidirlo y la componen los magistrados Francisco Vieira (presidente del TSJM), Emilio Fernández Castro, Antonio Pedrería y José Manuel Suárez Robledano. En el TSJV esta sala la componen el presidente del órgano, Juan Luis de la Rúa, y los magistrados Juan Montero, Juan Climent, José Flor y José Ceres.

Fuentes jurídicas explicaron que, una vez lleguen las resoluciones de Garzón en los próximos días, se designará un ponente para el auto en el que se debe aceptar o rechazar la inhibición del magistrado de la Audiencia Nacional. Será un miembro de este mismo tribunal, en función de las normas de reparto, excluyéndose a los presidentes de los TSJ.

El PP quiere interrogar a Rubalcaba
Por otro lado, el PP pretende volver a llevar el 'tema cacería' al Pleno del Congreso el próximo miércoles para pedir de nuevo al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que cese al comisario general de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, Juan Antonio González, quien según los sindicatos policiales, participó en una cena celebrada durante el fin de semana de cacería que compartieron el juez Baltasar Garzón y el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo.

Precisamente, esta semana el portavoz del PP en la Comisión de Interior, Ignacio Cosidó, señaló a Rubalcaba como "el cerebro gris" y "autor intelectual" de la operación de "acoso y derribo" que, a su juicio, se ha puesto en marcha contra el partido de Mariano Rajoy a raíz de la investigación abierta por Garzón.