Las 30 familias que habitan en el edificio situado en el Paseo Imperial número 53, cuya corrala y fachada se encuentran protegidas desde el punto de vista arquitectóncio, esperan que el Ayuntamiento de Madrid cumpla con una sentencia de abril de 2005 que le obliga a iniciar las obras para restaurar el edificio, dañado desde el año 1992 a causa de las obras de construcción del Pasillo Verde Ferroviario.
Tras 13 años de pleitos, en 2005 fue dictada una sentencia favorable a los vecinos en la que se fijaba que "de manera urgente" el Consistorio debía iniciar los arreglos en el edifico para, posteriormente, "cobrar a las dos empresas encargadas de las obras que causaron las grietas, el coste de la reparación", según ha explicado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Óscar Iglesias, en su visita al inmueble.
El Ayuntamiento, una vez agotado el plazo de seis meses concedido en la sentencia, "mira para otro lado", señaló Iglesias, quien anunció que el PSOE llevará al próximo Pleno municipal una proposición para exigir al equipo de Gobierno que "defienda a los vecinos, en vez de a las constructoras, que de manera urgente inicie estas obras y que se haga un estudio geotécnico necesario para que esta pesadilla acabe cuanto antes".
Por iniciativa del Ayuntamiento, los afectados intentaron alcanzar un acuerdo extrajudicial, y "llegaron incluso a asumir cosas que no les correspondía" al acordar que el Consistorio se ocupara de "la parte más fuerte" de consolidación de los cimientos y del estudio geotécnico y ellos asumirían la parte que corresponde a sus casas, "con lo que supone el sobre coste para los vecinos", indicó la concejala socialista del distrito de Arganzuela, Concepción Aguillaume. Sin embargo, los propietarios señalaron que el propio Ayuntamiento dejó de ponerse en contacto con ellos y, que desde entonces, no saben nada.
La presidenta de la comunidad de vecinos del inmueble mostró las grietas que recorren las paredes de las viviendas, atravesando incluso la fachada, y que continúan abriéndose desde hace ya 15 años. "El verdadero culpable fue Ferrovial, que son unos sinvergüenzas, y metieron las excavadores para hacer un respiradero y dieron con un muro de contención y, al ver que la casa se les venía encima, pararon y desde entonces no se sabe cómo están los cimientos, porque no han dejado entrar a nadie", explicó la vecina.
"Le enviamos una carta al alcalde y nos contestó su secretaria que agradecía que nos pusiéramos en contacto con él pero que no podía atendernos -continuó la presidenta-, tenemos todo ganado, ¿a que esperan?, si esta casa no estuviera construida como está, estábamos ya criando peces en el Manzanares desde hace tiempo".
La respuesta del Ayuntamiento
Por su parte la coordinadora general del área municipal de Urbanismo, Beatriz Lobón, asegura que la reparación que los vecinos del inmueble agrietado por las obras del Pasillo Verde Ferroviario en el Paseo Imperial reclaman al Ayuntamiento se ha paralizado al negarse Renfe a asumir el sobrecoste que tendrían.
El gesto de que Renfe haya entregado al juez la provisión de fondos exigida para ejecutar la reparación es, para el socialista Oscar Iglesias, la muestra de la buena voluntad del organismo estatal, y para Lobón, lo que Renfe ha conseguido es abocar que las obras las tengan que realizar los propietarios.
"El Ayuntamiento nunca ha querido eso y siempre ha estado de parte de los vecinos y, de hecho -puntualizó- es quien ha hecho todas las gestiones aún cuando el principal beneficiario de todo el desarrollo urbanístico que ha provocado ese daño ha sido Renfe y no el Ayuntamiento".
Explicó que "son tres los organismos que deben ejecutar" la sentencia: Renfe, (hoy Adif), como propietaria de los terrenos; Ferrovial, que ejecutaba las obras, y el Ayuntamiento, "que lo único que hacía era participar en el consorcio para coordinar todas las obras de infraestructura".
"La sentencia condena a los tres de forma solidaria y la condena es ejecutar unas obras por un dinero determinado", explicó Lobón, "pero en la realidad -apuntó- la ejecución de esa obras supone un coste muy superior" que el consistorio, aseguró, "ha estado dispuesto en todo momento a asumir"
El Ayuntamiento, señaló, "ha sido quien ha coordinado todas las actuaciones, se ha reunido con los vecinos y ha llamado a Renfe y a Ferrovial para ejecutar la sentencia". "Sin embargo- afirma Lobón-, Renfe desde un principio se ha negado a ejecutar las obras porque suponen un importe superior, que de ninguna manera iba a asumir, y para no asumirlas lo que ha hecho ha sido depositar el dinero ante el juez".
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