La suya ha sido la primera declaración en la vista, que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería contra los nueve agentes imputados por este suceso, ocurrido el 24 de julio de 2005, y Rivas afirmó que al fallecido se le dio “el trato más exquisito que se pudo”, sin que se pueda decir que la actuación de los agentes fuera de ningún modo “desproporcionada”.
El oficial del Instituto Armado aseguró que su mayor interés es que “se esclarezcan los hechos” y admitió el uso de dos defensas para intentar reducir a Juan Martínez, una extensible de su propiedad y otra eléctrica (arma prohibida) que cogió del cuartel, aunque sólo usó ambas de manera disuasoria.
No obstante, se negó a responder a las preguntas del representante de la Asociación Pro-Derechos Humanos, personada en el caso y que, al igual que la acusación particular, le acusaron de cambiar su declaración al afirmar que no había apretado el botón de la defensa eléctrica de forma consciente, para evitar hacer daño a la víctima, mientras que en el comienzo de la instrucción había dicho que en realidad la defensa no funcionaba.
Sobre su intervención, aseguró ante la sala que fue el acusado nerviosismo de Juan Martínez el que le hizo salir de su domicilio en el cuartel, aunque no estaba de servicio, para ayudar a reducirlo antes de que lesionara a alguno de los agentes o volviera a coger su automóvil y conducirlo con evidente riesgo para la población.
Juan Martínez Galdeano, de 39 años, murió el 24 de julio de 2005 tras sufrir una crisis y al parecer un infarto, según las primeras informaciones, en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería), al que había llegado tras sufrir un accidente de tráfico y en el que tuvo que ser reducido por la fuerza ante su oposición a trasladarse a las dependencias de la Policía Local para la prueba de la alcoholemia.
Por aquellos hechos, ahora nueve agentes del cuartel se sientan en el banquillo de los acusados y se enfrentan a peticiones del Fiscal de siete años y tres meses de prisión para el teniente Rivas y de seis años y tres meses para el resto, mientras José Ramón Cantalejo, abogado de la familia, que ejerce la acusación particular, pide doce años de cárcel para Rivas, once para el agente José Antonio Moreno, como autor de un delito de homicidio y cómplice de otro contra la integridad moral, y seis meses para el resto.
Si (
No(
