Hasta puede pasar por un irónico y aleccionador juego de las circunstancias las confluencia de dos hechos casi simultáneos: que el Ecuador haya ganado una demanda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y que el Gobierno ecuatoriano haya anunciado que quiere salir del Ciadi.
En efecto, en el marco de la XXIX Asamblea General de la OEA, el canciller Fánder Falconí se refirió a la necesidad de denunciar el convenio internacional por el que se acepta sujetar las diferencias relativas a inversiones al arbitraje del Ciadi y, a la par, propuso la creación de una entidad de arbitraje en el seno de la Unasur.
La resolución arbitral fue en el caso de la demanda planteada por supuestos daños con la confiscación de la empresa eléctrica Emelec, que perteneció al ex propietario del Banco del Progreso. La demanda fue planteada por un monto de unos $1 700 millones.
Según el presidente Correa, la aceptación del Ciadi es “coloniaje, esclavitud frente a las transnacionales, frente a Washington, frente al Banco Mundial...
Sería bueno que haya un tribunal de arbitraje regional, sudamericano; pero no se ve por qué en el un caso se lesiona la soberanía y en el otro,, no. El arbitraje internacional es mecanismo bastante generalizado en el mundo contemporáneo. La eficacia del mecanismo depende de la solvencia jurídica y la recta aplicación del derecho que demuestren con sus sentencias los árbitros.
Salir del Caidi puede satisfacer los prejuicios ideologizantes, pero a la postre es una instancia menos para resolver conflictos y dar confiabildad a las partes para una solución imparcial, ágil y ajustada a derecho en los conflictos en las inversiones.
En esta victoria del Ecuador en el Ciadi tuvo un papel positivo la Procuraduría, el estudio jurídico y los asesores que defendieron al Estado. Antes que declaraciones retóricas, surte efecto el trabajo práctico de defensa de los intereses del país.
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