La luz se liberaliza ¿conoce los cambios?

La realidad es que con la reforma no se liberalizará del todo el mercado. A partir del próximo miércoles habrá tres sistemas.

Por un lado, cualquier usuario podrá acudir al libre mercado y elegir la compañía que mejor precio y servicio le ofrezca. La elección se deberá hacer entre una veintena de compañías comercializadoras. Estas empresas tendrán que competir por ganar consumidores. De momento no se espera que haya más de un 2% de familias y pymes que cambien de eléctrica, porque los productos y tarifas que ofrezcan serán muy similares.

Pero no es obligatorio acudir al libre mercado. Si la potencia contratada es inferior a 10 kilowatios el usuario puede acogerse a la Tarifa de Último Recurso (TUR). Durante tres años el Gobierno ha aprobado una moratoria a la liberalización total. Como han explicado las eléctricas por carta a los usuarios, no es necesario ni obligatorio cambiar de compañía ni hacer ninguna gestión, automáticamente se le aplicará la TUR sin registrarse cambios en el suministro.

Esta tarifa, que la fijará el Gobierno, será un poco más cara que la que pagan los hogares actualmente. Previsiblemente la TUR se aprobará este viernes en Consejo de Ministros y llevará asociada una subida entorno al 3%. La idea de Industria es que así se acabe con el déficit tarifario (la diferencia entre lo que se paga en el recibo y el coste real de la energía).

Únicamente cinco compañías están autorizadas por el Gobierno para ofrecer esta tarifa fija. Son las actuales empresas generadoras y distribuidoras, que han tenido que desdoblarse y crear una propia rama para la comercialización. Son Endesa Energía XXI, Iberdrola Comercialización, Unión FENOSA Metra, Hidrocantábrico Energía Último Recurso y EON Comercializadora de Último Recurso. Cualquier usuario de este tipo de tarifa dispone también de la opción de elegir entre las cinco compañías.

El tercer tipo de tarifa es conocida como el bono social. Realmente no consiste en ninguna bonificación. Simplemente mantendrá congelado el recibo de la luz para unos cinco millones de hogares hasta 2012. Se podrá acceder a este precio sólo si se cumplen unas condiciones. Por una lado, todos los consumidores cuya potencia contratada sea inferior a tres kilowatios. Pero además se podrán acoger las familias numerosas, los pensionistas con pensiones bajas y las unidades familiares en las que todos sus miembros estén en situación de desempleo.

La intención del Ejecutivo es que en tres años desaparezcan tanto la TUR como el bono social. Un plazo suficiente, según el sector, para aprender y conocer el mercado.

Quejas y dudas

Pero la asociación de consumidores Facua ha constatado que las eléctricas que a partir de julio aplicarán la tarifa de último recurso y el bono social se están negando a aceptar clientes procedentes de otras compañías. Y es que para las comercializadoras, ofrecer el bono social durante estos tres años, les costará 1.000 millones de euros, según sus propios cálculos.

Facua también denuncia que buena parte del alrededor de un millón de usuarios que no dependen de las grandes distribuidoras que operan en España –Endesa, E.On, Hidrocantábrico, Iberdrola y Unión Fenosa- no serán traspasados a una de las cinco denominadas comercializadoras de último recurso, sino a algunas de las que operan con tarifas del mercado libre.

El Gobierno ha aprobado la Oficina de Cambio de Suministrador (OCSUM) para evitar abusos. La entidad será responsable de la supervisión de los cambios de suministrador conforme a los principios de transparencia, objetividad e independencia, tanto para el sector del gas natural como para el de la electricidad.

El primer expediente de esta etapa

La Comisión Nacional de Competencia ha incoado un expediente sancionador contra las cinco grandes eléctricas que operan en España (Endesa, Iberdrola, Hidrocantábrico, Unión Fenosa y E.ON) por posibles prácticas anticompetitivas en el suministro de electricidad a clientes finales.

Dichas prácticas consistirían en la suspensión temporal a terceros, por parte de las distribuidoras de estos grupos empresariales, del acceso telemático a los datos necesarios para gestionar el cambio de compañía suministradora de los consumidores finales.

Ahora comienza el periodo en que los usuarios deberán aprender sus derechos y deberes para exigir a las comercializadoras.