"Hasta debajo de las piedras". dijo Rafáel Medina, Fiscal Superior del Estado Yaracuy, informó que, por órdenes de un tribunal de control, se habían librado 50 boletas de allanamientos para realizar procedimientos en los estados Yaracuy, Lara, Falcón y Miranda.Ayer hasta horas de la tarde se dio cumplimiento a 30 de ellas, 12 en el propio estado donde ocurrieron los hechos.
Al menos 29 personas serán presentadas hoy ante los tribunales de control de Yaracuy por los fiscales Mery Gómez y Miguel Ángel Gómez, octava nacional y segundo de esa entidad, respectivamente, por su presunta vinculación con la fuga del ex gobernador Eduardo Lapi, ocurrida el pasado domingo.
De acuerdo con las investigaciones preliminares se presume que los funcionarios custodios del Ministerio de Interior y Justicia, de la Guardia Nacional y de la directiva del Internado Judicial de San Felipe colaboraron con la evasión del imputado, quien está señalado de haber incurrido en hechos de corrupción durante su mandato regional.
Desde el director del penal. Entre los detenidos se encuentran el director del penal, Enrique Montes; la asesora jurídica, Taydeé González Escalona, y la secretaria de la Asesoría Jurídica, Paula Rosa Rodríguez, quienes pernoctaron el domingo y el lunes en la sede de la Comandancia General de la Policía de Yaracuy, mientras se celebra la audiencia de presentación.
En estas instalaciones, también están retenidos ocho custodios del Ministerio de Interior y Justicia, responsables de la vigilancia interna del penal, la noche que se produjo la fuga de Eduardo Lapi.
Asimismo, se encuentran retenidos en su comandancia 14 efectivos de la Guardia Nacional, quienes prestaban vigilancia en la parte externa del penal. Los funcionarios serán trasladados hoy al juzgado de control.
Demostrarán complicidad. El fiscal superior de Yaracuy, Rafael Medina, explicó que el procedimiento será conducido por los tribunales ordinarios, instancias en las que serán presentados tanto los civiles como los efectivos militares involucrados en este caso.
Durante la audiencia preliminar los representantes de la Fiscalía General de la República presentarán al tribunal los elementos de convicción que tienen contra cada uno de los detenidos, les precalificarán los delitos a los que hubiere lugar y solicitán al juez de la causa medidas privativas de libertad para los supuestos responsables.
Afirmación que fue respaldada por el secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad, Oscar Baquero, quien indicó que los operativos se realizan con la cooperación del Cicpc, Disisp y la Policía de Yaracuy, la cual dispuso de más de mil 800 funcionarios para el dispositivo de búsqueda que se ejecuta en los 14 municipios del estado.
El objetivo de las visitas domiciliarias es localizar elementos de convicción que permitan individualizar la responsabilidad de las personas externas que colaboraron con el ex gobernador.
Entre las viviendas investigadas se encuentra la del abogado de Lapi, Alejandro Arzola, quien informó que el procedimiento se realizó de manera respetuosa hacia su persona y su familia, y precisó que los funcionarios no encontraron “ningún tipo de documentación ni de elementos y así quedó constatado en el acta”.
Si (
No(
