Corbacho advierte que seguirán tomando medidas pese al fracaso del diálogo social

 Durante su comparecencia extraordinaria ante la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados, Corbacho señaló que el Gobierno "sigue apostando" por el proceso de diálogo y concertación social como fuente de las políticas en esta materia, aunque advirtió que deben desparecer "los condicionantes y posturas intransigentes" que impidan alcanzar puntos de acuerdo.

   En este sentido, pese a recalcar que los mayores avances en materia sociolaboral provienen "siempre" del diálogo social, su interrupción no puede agotar los márgenes de actuación del Ejecutivo para superar la actual crisis. 

   Corbacho insistió en culpar a las exigencias "inasumibles" de las organizaciones empresariales (CEOE y Cepyme) de la ruptura de las negociaciones el pasado 20 de julio, si bien aseguró que el Gobierno asume su "plus de responsabilidad" en todo proceso de diálogo con los agentes sociales.

   Asimismo, destacó que si hace un mes había expectativas de acuerdo fue porque tanto Gobierno como patronal y sindicatos estaban convencidos de ello, pero la postura de la patronal reclamando una rebaja de cinco puntos de las cotizaciones sociales a las empresas (con un coste estimado de 18.000 millones de euros para la Seguridad Social) y la exigencia de una reforma laboral, supusieron 'de facto' una "ruptura unilateral" del diálogo.

5.000 solicitantes en una semana

   El ministro se mostró convencido de que la mayoría de los ciudadanos han valorado "positivamente" el esfuerzo realizado por el Gobierno en aras de un buen acuerdo, en el contexto de una crisis que "ha evolucionado a velocidad de vértigo" y afectado la concreción de la agenda de debate.

   Por otra parte, anunció que los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SPEE) habían reconocido, a 26 de agosto, más 5.000 solicitudes para percibir la ayuda de 420 euros, que cuenta con 340.000 potenciales beneficiarios.

   Además, indicó que, desde la puesta en marcha de la medida el pasado 17 de agosto, se ha enviado información a 85.000 personas que agotan su prestación entre el 1 de agosto y el 4 de septiembre, a través de cartas y mensajes a móviles.

La ayuda podría ampliarse

   Ahora bien, explicó que, si bien es cierto que "la medida puede que tenga que ser ampliada", también lo es que "el presupuesto del Gobierno tiene sus propias limitaciones" por lo que la ayuda está supeditada a las 'exigencias' de la crisis, y, además, que, desde un sentido práctico "en algún lugar hay que hacer un corte" y que "el Gobierno lo hizo (al fijar el 1 de agosto) seguido de la mejor de las intenciones".

   Asimismo, indicó que las competencias el Gobierno acaban cuando los ciudadanos agotan el subsidio por desempleo y que, a partir de ahí, "se entra en competencias directas y exclusivas de las comunidades autónomas", que son las que gestionan las rentas de inserción social y las rentas básicas.

Las comunidades, donde no llega el Estado

   En este sentido, indicó que "no se ha impuesto a las comunidades autónomas más obligaciones que las que tienen" de intermediación e inserción, a lo que añadió de que "el Gobierno es consciente de que esta nueva situación genera mayor trabajo para los servicios públicos, y que si se quiere cumplir con los objetivos (de la ayuda) hay que hacer uso del esfuerzo que vienen haciendo las comunidades autónomas".

   Con todo, el titular de Trabajo no descartó un adelanto del fondo social europeo para dos ejercicios que permitiría a las comunidades autónomas un monto económico "importante".

   En este punto, Corbacho replicó a los diputados del PP, que le habían echado en cara que la ayuda es insuficiente, y les aseguró que la ayuda que se plantea es superior a rentas de inserción vigentes en algunas comunidades autónomas gobernadas por los 'populares'.