La postura contraria del colectivo judicial en ambas capitales de la Comunidad de Madrid y Cataluña ha hecho daño a la protesta a nivel nacional. Se estima que sólo algo más de un millar de jueces se han adherido a la huelga, es decir, aproximadamente un 25% del total de estos profesionales en todo el país.
Según ha podido saber Diariocrítico de medios judiciales, las cuotas de apoyo al 'sí' a la huelga en las juntas de jueces donde se celebraron votaciones marcaron una media del 80%, y en algunos casos llegó a la unanimidad.
Fueron los casos de algunas juntas de las que hemos podido conocer el resultado de las votaciones, tales como Albacete (60% de apoyo al sí), Almería (88%), Cádiz (89%),
Ciudad Real (73%), Córdoba (89%), Elche (unanimidad), Extremadura (79%), Granada (87%), Guadalajara (66%), Huelva (90%), Huesca (66%), Ibiza (85%), Jaén (57%), La Coruña (90%), Las Palmas (87%), Logroño (66%), Málaga (75%), Toledo (75%), Valencia (84%), Valladolid (65%), Zamora (63%), Zaragoza (60%).
Se estima que en el total de los votos emitidos en las distintas juntas de jueces el porcentaje de defensa de la huelga ha sido de un 80,46%, pero sólo con medio millar de apoyos en total a nivel nacional. Una huelga minoritaria que en todo caso ha golpeado los esfuerzos del nuevo ministro de Justicia,
Francisco Caamaño, por paralizar esta nueva protesta, después del fracaso de su antecesor en el cargo,
Mariano Fernández Bermejo.
Supremo y Audiencia Nacional
El Consejo General del Poder Judicial ha cifrado el seguimiento de la huelga en un 22,94% el seguimiento de la huelga de jueces convocada hoy por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y una veintena de junta de jueces de toda España en demanda de la modernización de la Justicia. Según éste órgano, de los 4.543 jueces que ejercen en nuestro país hoy faltaron a sus puestos de trabajo un total de 1.042.
La huelga de jueces no tuvo ninguna incidencia en el Tribunal Supremo, donde la totalidad de sus salas realizaron su actividad prevista, mientras que en la Audiencia Nacional el único juez central de instrucción que paró fue el número 6,
Eloy Velasco.
En la puerta de su despacho y en el pasillo de la planta primera de la Audiencia Nacional Velasco colgó varios carteles alusivos a la huelga convocada en demanda de mejores humanos y materiales en la Administración de Justicia. Uno de ellos rezaba "únete, es mucho lo que está en juego", mientras que en otro se reclamaba una justicia "digna, independiente y a nivel europeo".
El contexto
El colectivo de jueces supera los 4.600, pero sólo la mitad están asociados y, de ellos, unos 1.200 pertenecen a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación que decidió en junio convocar el paro por considerar insuficientes los resultados logrados en las negociaciones con el Gobierno. La huelga, sin embargo, ha sido rechazada por las otras tres agrupaciones de jueces: Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria. Estas dos últimas asociaciones sí apoyaron, en cambio, la huelga del 18 de febrero.
La de este jueves será la segunda huelga que vivirá la carrera judicial en su historia y, al igual que ocurriera en la primera, para esta jornada de paro no se han fijado servicios mínimos ya que, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ejercicio del "hipotético" derecho de huelga de jueces y magistrados carece actualmente de soporte normativo.
Como se sabe, la primera huelga de jueces -la del 18 de febrero- fue secundado por un 35,58 por ciento de los magistrados en ejercicio, según los datos del CGPJ, cifra que los convocantes, que consideraron un éxito la jornada, elevaron al 60 por ciento. El hecho de que la actual jornada de paro la convoque sólo una asociación, aunque sea la mayoritaria, rebaja las perspectivas de éxito, sobre todo porque no cuenta con el apoyo de las juntas de jueces de Madrid ni de Barcelona.
El Ministerio de Justicia, por su parte, insiste en que no hay razones para la huelga. Según el ministro Caamaño, un 90 % de las reivindicaciones de los jueces ya han sido atendidas y el presupuesto para 2010 será "la mayor inversión de la historia de la democracia en modernización de la Administración de Justicia".
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