El Congreso de la República concilió el proyecto que establece que se castigue esta acción ilegal con penas que se purgarán en prisión entre 10 y 20 años. Igual, la iniciativa fija que los promotores de las captadoras tendrán que pagar multas hasta de 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El ministro del Interior y de Justicia,
Fabio Valencia Cossio, destacó la agilidad de los partidos políticos para adelantar con prontitud la aprobación de la iniciativa.
"Este proyecto de ley cumple lo contemplado en la sentencia del 30 de marzo de este año, mediante la cual la Corte Constitucional señaló que las medidas penales dictadas por el Ejecutivo durante el Estado de Emergencia Social, tendrán una vigencia máxima de un año; salvo que el Gobierno les otorgue carácter permanente en ejercicio de su atribución constitucional", explicó
Valencia.
Ahora sólo será necesaria la firma del Presidente a la conciliación para que se castigue así la captación ilegal de dinero.
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