El Tribunal Constitucional está atascado, sí, porque, entre otras cosas, cuenta con pocos medios para tantos casos como le llegan. Pero está atascado, fundamentalmente, más allá de cuestiones tan complejas como el Estatut de Cataluña, porque más del 40 % de los asuntos a resolver lo conforman los recursos de ilegales en España con orden de expulsión. Así, como suena.
Estos recursos -interpuestos muchas veces cuando el inmigrante ilegal ya ha abandonado nuestro país- atascan toda la cadena judicial y llegan al Constitucional, incrementando el ya de por sí importante atasco de este órgano.
Pues, bien, la situación puede empeorar exponencialmente si, como amenazan las asociaciones de inmigrantes Rumiñahui, Aculco, Vomade y Ari-Perú, esos colectivos se deciden a elevar al Tribunal Constitucional las medidas anunciadas en materia de inmigración por el Ayuntamiento de Vic u otras similares.
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No(
