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“Caso Macarena”

El Supremo confirma la condena contra Marín y Pardo por malversación y falsedad documental

El Supremo confirma la condena contra Marín y Pardo por malversación y falsedad documental

martes 02 de marzo de 2010, 13:49h
Actualizado: 03/03/2010 13:55h

  La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) -que ratificaba el fallo emitido por la Audiencia Provincial de Sevilla- por la que se condena al ex secretario del Distrito Macarena José Marín y al contratista José Pardo a cuatro años y tres meses de prisión y a tres años y nueve meses de cárcel, respectivamente, como responsables de sendos delitos de malversación y falsedad documental al beneficiarse del cobro de obras no ejecutadas en dicho distrito de Sevilla.  

   En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo rechaza el recurso de casación interpuesto por los letrados de ambos condenados, que argumentaban que se había producido infracción de Ley, quebrantamiento de forma y vulneración de precepto constitucional, al tiempo que condena a ambos procesados al pago de las costas causadas en la tramitación de sus respectivos recursos.

   En este sentido, el TS se refiere en primer lugar al recurso interpuesto por la representación procesal de Marín, que centra su hilo argumental en la falta de motivación del veredicto y la ausencia de verdaderas pruebas que sostengan algunas de las conclusiones obtenidas por el jurado popular, a lo que la Sala responde que "está fuera de dudas que hay verdadera prueba de cargo", ya que "basta la lectura del laborioso escrito de la defensa para entender que el esfuerzo argumental encaminado a destruir el significado de algunas de las pruebas valoradas por el jurado es la mejor muestra de que no se produjo el vacío probatorio que se denuncia".

   Al hilo de ello, la Sala añade que "el órgano decisorio --el jurado-- no se limitó a una enumeración de las fuentes de pruebas, sino que llevó a cabo una ejemplar valoración interrelacionada de todos los elementos inculpatorios ofrecidos por el Ministerio Fiscal y la acusación particular", añadiendo por tanto, desde la supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia, que este jurado "tomó en consideración prueba lícita, de contenido netamente incriminatorio y que explicó de forma más que suficiente los elementos de cargo que respaldan el juicio de autoría".

ESFUERZO "ENCOMIABLE" DEL JURADO

   Asimismo, el Supremo descarta también cualquier infracción del deber de motivación, pues, a su juicio, "el esfuerzo de motivación desplegado puede reputarse verdaderamente encomiable", añadiendo que el análisis detenido de los folios con los que culmina el acta de votación "pone de manifiesto el proceso intelectivo del jurado para valorar de forma racional las pruebas y para exteriorizar el itinerario deductivo que respalda todas las inferencias probatorias, que, por cierto, fueron obtenidas por unanimidad".

   Tras concluir que "no ha existido vulneración del derecho a la presunción de inocencia, ni a la tutela judicial efectiva, sin que hayan quedado afectados los principios de legalidad y seguridad jurídica", se refiere a la alegación de la defensa de Marín respecto a que no se han cometido ni el delito de malversación de caudales públicos ni el de falsedad en documento público, y asevera que el eje argumental sobre el que se construye este discurso exoneratorio "parte de un error".

   Así, la Sala relata que el derecho administrativo regulador del régimen jurídico de la contratación pública "no avala la idea de que cualquier contratista que sufra un perjuicio en el desarrollo de la ejecución de un contrato de obra puede resarcirse presentando una factura en la que esa obra se simula terminada y en la que se abona la cantidad en la que el interesado fija unilateralmente el importe de ese perjuicio", ya que "son otros los principios que informan el cumplimiento prestacional por el contratista y el abono de lo adeudado por la Administración".

EL PP EXIGE AL PSOE “RESPONSABILIDADES POLÍTICAS!

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla exige al PSOE "responsabilidades políticas" por "la primera condena firme por corrupción" en el Consistorio hispalense, después de que el Tribunal Supremo (TS) ratificara hoy la condena al ex secretario del Distrito Macarena José Marín y al contratista José Pardo a cuatro años y tres meses de prisión y a tres años y nueve meses de cárcel, respectivamente, como responsables de sendos delitos de malversación y falsedad documental al beneficiarse del cobro de obras no ejecutadas en dicho distrito de Sevilla.

   En declaraciones a Europa Press, el concejal popular Gregorio Serrano destacó que "no hay más recursos ni apelaciones posibles" e insistió en que se trata de "la primera condena firme en que está inmersa un miembro del gobierno de Sevilla", además de recordar que Marín era un "estrecho colaborador" del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, "en el distrito más importante electoralmente de Sevilla para el PSOE, el alcalde sabía muy bien a quién ponía en el Distrito Macarena".

   Por tanto, planteó si el PSOE "sigue considerando que es error administrativo, que la trama de corrupción en el Distrito Macarena era un error administrativo", y preguntó al PSOE, "una vez conocida la condena firme, quién va a asumir responsabilidades políticas".

   "Ya sabemos quién va a asumir la responsabilidad penal, que el PSOE nos cuente ahora quién va a asumir la responsabilidad política por este asunto", sentenció Serrano, quien añadió "cuántas condenas más va a necesitar el PSOE para que obliguen a Monteseirín a dimitir y se vaya de una vez por todas".

   En la sentencia del TS, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala Segunda de lo Penal rechaza el recurso de casación interpuesto por los letrados de ambos condenados, que argumentaban que se había producido infracción de Ley, quebrantamiento de forma y vulneración de precepto constitucional, al tiempo que condena a ambos procesados al pago de las costas causadas en la tramitación de sus respectivos recursos.

 

EL PA PIDE LA DIMISIÓN DE MONTESEIRÍN

Por su parte, la candidata andalucista a la Alcaldía de Sevilla, Pilar González, celebró que el Tribunal Supremo (TS) haya confirmado las penas de cuatro años y tres meses de prisión y tres años y nueve meses de cárcel que pesaban sobre el ex secretario del distrito Macarena José Marín y el contratista José Pardo por delitos de malversación y falsedad documental, una resolución que llevó a la dirigente andalucista a reclamar la dimisión del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), como primer edil "manchado por la corrupción".

   En un comunicado, el PA aplaudió la decisión de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, a su vez, ratificaba las penas impuestas por la Audiencia Provincial a José Marín y al contratista José Pardo por la trama de las facturas falsas del distrito Macarena.

   Pilar González ensalzó el "orgullo" de su partido por el servicio prestado a la ciudadanía al "no cesar en la búsqueda de la verdad y la justicia hasta el final del juicio de las facturas falsas del Distrito Macarena", dado que el PA, como parte personada, se había opuesto a la vista de revisión que habían solicitado las defensas de Marín y Pardo en su recurso al TS contra su condena por delitos de malversación y falsedad documental al beneficiarse del cobro de obras no ejecutadas en dicho distrito.

   "Dijimos desde el principio que íbamos a trabajar y luchar por que los sevillanos supieran la verdad sobre lo que los socialistas estaban haciendo en el distrito Macarena. Nos negamos al pacto que nos ofrecieron los abogados de Pardo y Marín para cerrar el caso sin llegar hasta el final y no retiramos nuestra denuncia para que el juicio se celebrara, se aclararan los hechos y se sacara a la luz toda la verdad", señaló Pilar González.

   Por eso, reclamó la dimisión de Sánchez Monteseirín "como alcalde manchado por la corrupción hasta las cejas, aunque mucho nos tememos que ni va a pedir perdón, ni va a irse a su casa". "Hemos demostrado que no nos movemos sólo delante de las cámaras, como hicieron los populares antes de las elecciones municipales".

   Y es que para Pilar González, el portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido, "fue a los juzgados a hacerse la foto para ganarse los votos en las elecciones municipales, pero tras los focos, cuando había que aportar dinero y trabajo, retiraron la denuncia y se fueron a seguir con su campaña, sin importarles qué había pasado con el dinero de los sevillanos".

   "Esto demuestra que los que de verdad trabajamos por Sevilla somos los Andalucistas y que somos necesarios en el Ayuntamiento, porque nuestro trabajo, persistencia y honestidad deben estar presentes en el consistorio sevillano, para evitar que esto vuelva a ocurrir, ya que denunciaremos todos y cada uno de los casos que veamos en los que alguien 'meta la mano en la caja de dinero público'", añadió.

 

 

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