En un comunicado, AMA explicó este lunes que en la reunión se tratarán las iniciativas del Gobierno de Cantabria para tratar de solucionar los
"graves problemas que tienen cientos de familias en Cantabria, víctimas de las sentencias de derribo", y que acude a la misma "
con la idea de colaborar en la búsqueda de soluciones".
La reunión empezará a las 10.00 horas en la sede de la Consejería con un explicación global de las propuestas del Gobierno para después ir desarrollando las medidas para cada ubicación. En concreto, a las 10.15 horas se abordará la situación en Piélagos; a las 11.00 la de Arnuero; y a las 12.00 la situación del resto de municipios afectados por sentencias de derribo.
Los afectados piden a los "demandantes", es decir, a la asociación ecologista ARCA, que se sume a la Comisión de Seguimiento "con el fin de entre todos buscar las soluciones más justas". No obstante, manifestaron su "decepción" por los últimos comunicados de esta agrupación que, en su opinión, son un "intento innoble de culpabilizar y despreciar a las víctimas".
Así, en su opinión, declaraciones como que la legalización de sus viviendas es una "patada en la puerta del Estado de Derecho" es "faltar a la verdad y un autentico despropósito".
Por ello, una vez más solicitaron a ARCA que "reconsidere" su actitud y que sea "parte de la solución y no del problema". "Nuestro colectivo siempre ha tendido la mano a todo el mundo para buscar soluciones. La humildad, la solidaridad y el diálogo es nuestro camino; esperamos verles recorriendo el mismo", confió AMA.
En cuanto al Gobierno, la asociación subrayó que la situación es de "suma urgencia" y apuntó que las iniciativas que presente tienen que tener dos premisas, la primera y "fundamental" es que cumplan "escrupulosamente" la legalidad y la segunda que se dé una solución global a todos los afectados, "pero todo ello con la mayor rapidez posible, ya que sino posiblemente todo el trabajo realizado por personas e instituciones no va a servir para nada".
AMA insistió en la "importancia" de que las medidas que se puedan tomar, tanto ejecutivas como legislativas, deben ofrecer una solución "de interés general, no sólo para nuestra familias, sino para que haya mayor seguridad jurídica a la hora de comprar una vivienda". "Esta es la aportación que el sufrimiento de muchas personas puede dejar a nuestra comunidad", concluyó.