UGT denuncia que en la Comunidad de Madrid han perdido la vida 20 trabajadores por accidentes laborales en los dos primeros meses del año. Con 10 accidentes mortales en el mes de febrero de 2010, los accidentes laborales mortales, se han incrementado en este mes con respecto al mismo mes del pasado año.
Estos datos confirman las denuncias del Sindicato en el sentido de que la crisis económica, con el descenso de actividad, está camuflando la situación de incumplimiento de la prevención de los accidentes laborales en el seno de las empresas madrileñas.
UGT considera que el Gobierno regional no está haciendo los deberes en la lucha contra la siniestralidad laboral ya que la ley de prevención de riesgos laborales sigue sin cumplirse en un elevado número de empresas de nuestra Comunidad Autónoma.
El descenso del 3% de los accidentes laborales en términos totales, cifra a la que se acoge el gobierno regional para avalar su gestión, pone en entredicho su esfuerzo y capacidad para luchar contra los accidentes laborales. Un descenso que es totalmente insuficiente para UGT Madrid si tenemos en cuenta el impacto de la crisis económica y que el paro afecta en la actualidad a medio millón de trabajadores en la Región.
UGT considera que el Gobierno Regional debe implicarse más y con más fuerza en perseguir los delitos que afectan a la salud de los trabajadores y que se comenten en la Comunidad de Madrid. Un cambio de actitud que tiene que estar en línea con el papel que está desempeñando la fiscalía y los tribunales en este asunto en el que está en juego la integridad física y psicológica de los trabajadores afectados por accidentes laborales.
En este sentido, UGT reclama la urgente puesta en marcha del Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales y también, como medida coactiva y coercitiva, la publicación del listado de empresas infractoras en materia de salud laboral que operan en nuestra Comunidad.
Ejemplar ha sido la sentencia, en base a la denuncia de UGT Madrid, en relación con el trabajador que perdió su mano derecha en un accidente laboral, que estaba en la economía sumergida y sin dar de alta en la seguridad social, que condena a un mal empresario a dos años de cárcel y al pago de 240.000 euros de indemnización.
Por eso consideramos que la actuación conjunta de las administraciones públicas, los tribunales y los agentes sociales tiene que dar como resultado un descenso real y drástico de los accidentes laborales y no tan sólo de manera coyuntural como parece ser en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid en relación con la prevención de los riesgos laborales.
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