El PCV cree que las empresas nacionales e internacionales deben pasar a manos del Estado y ser administradas por sus empleados. “Por encima de la propiedad privada están los intereses colectivos de la sociedad y ningún Estado puede permitir que lo arrodille el capital como consecuencia del control monopólico de espacios fundamentales de la economía”.
La directiva del PCV considera que el Ejecutivo debe nacionalizar el sistema financiero privado y controlar los problemas existentes en Cadivi, que estarían contribuyendo con la especulación.
Además, solicitaron la aprobación de una Ley Especial de Control de Precios y Ganancias, que establezca un margen de costos y enriquecimiento para los encargados de la distribución de alimentos y servicios.
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