Pezuña en coto vedado

Los jueces del Tribunal Constitucional pretenden dejar claro que la autonomía de Catalunya nace de la Constitución. Falso. La presunta hija catalana ya peinaba canas cuando nació su madrastra constitucional. El rey Juan Carlos, titular de la monarquía fundada por Franco, buscó la legitimidad del nuevo sistema reconociendo los derechos históricos del presidente de la Generalitat republicana, Josep Tarradellas. También la buscó legalizando al Partido Comunista, que habiéndose erigido en símbolo de la resistencia republicana se sometió a la bandera monárquica.

 Esto significa que la Generalitat y la autonomía catalana tienen, dentro de la monarquía vigente, una legitimidad anterior e independiente de la Constitución y de su tribunal. La madre natural de la Generalitat, convertida en madre legítima por la monarquía del 18 de julio, es la II República española. La Constitución es, en parte, hija del pacto del Rey con Tarradellas, por lo que el T. C. carece de competencias y de legitimidad para juzgar la ley fundamental catalana aprobada en reférendum.

  Que quede claro que es la Generalitat republicana la que da legitimidad democrática a la Constitución y a su tribunal. La autonomía catalana no es constitucional ni debe serlo, porque tiene el reconocimiento y la vigencia preconstitucional. Pacta sunt servanda. Si la monarquía instaurada por el dictador hubiese sido democráticamente legítima, no habría requerido el pacto con el presidente Tarradellas, la única persona que, a través de los años, conservó la legitimidad democrática de la República. Bastaba convocar elecciones a la presidencia de la Generalitat sin el retorno de Tarradellas, como sugirieron varios, entre ellos Jordi Pujol.

 El PP y los jueces del Tribunal Constitucional pisan coto vedado. Los políticos son miopes, sólo ven a cuatro años vista. Pero la Casa Real, si de verdad se cree lo de la sucesión, debería usar telescopio. Porque, si la monarquía del 18 de julio viola el pacto sellado con el pueblo catalán retocando y sometiendo a su antojo el estatuto, perderá su tenue legitimidad ante los catalanes –y no sólo ante los catalanes–, repitiendo mutatis mutandi la historia de Alfonso XIII, que perdió el trono por haber roto el pacto constitucional de la Restauración monárquica. Pero tal vez esto es lo que buscan el PP y los jueces del Tribunal Constitucional.  Chi lo sa?