Recuperación de las empresas estatales

Posterior a la aplicación y proliferación de modelos privados de propiedad y gestión de los recursos naturales y empresas estatales vinculadas a la explotación de estos recursos en Bolivia, durante más o menos los últimos veinte años, a partir de la economía de libre mercado y privatizaciones de los recursos públicos estatales y no estatales, ha quedado –por el momento– demás la discusión y evaluación de los resultados y el impacto de estas medidas en el pueblo boliviano en términos de redistribución, externalización de los excedentes, beneficios y oportunidades, como también la gama de conflictividades causales dadas en torno a los recursos naturales en los últimos años como las “guerras de los recursos naturales” o los múltiples y diversos conflictos en torno la propiedad, uso y gestión de los recursos entre diferentes actores.

Actualmente, hace un poco más de un año, en este tema, la nueva gestión de gobierno, tratando de mantener una sinergia con luchas y demandas sociales, inicia un “giro y camino a contracorriente” de recuperación de los recursos naturales y empresas estatales: planteándose como objetivo la Constitución del Estado boliviano como propietario y gestor.

El último avance en esta línea hace unos días, fue la recuperación de las refinerías Gualberto Villarroel de Cochabamba y Guillermo Elder Bell de Santa Cruz, la cual vemos con agrado, considerando que la gestión estatal conlleva un criterio social de prestación pública en relación a la privada y en cuanto –estas recuperaciones sean y signifiquen– la propiedad estatal como bien social, como representación colectiva, la democratización del uso, gestión y aprovechamiento de los recursos para las mayorías y la alimentación de la construcción de igualdad, soberanía y dignidad.

Mas, en ese marco, existen algunos peligros latentes que podrían desvirtuar las buenas intensiones presentes relacionadas específicamente con la gestión. Entre ellas, por un lado, –tomando referencia en experiencias pasadas–, la burocratización y corporativización de la medida que beneficie y fortalece sólo a ciertos grupos relacionados al área, ya que la gestión estatal necesariamente conlleva la ampliación y fortalecimiento de la estructura estatal, y, por otro, la falta de redistribución y la necesidad de ésta bajo criterios de igualdad, reciprocidad y solidaridad.