Iglesia Católica advierte que Ley Antiracismo puede afectar a la democracia

 “Con la aprobación de esta ley desaparecerá el ejercicio democrático, el proyecto, que es objeto de debate legislativo, corre el riesgo de judicializar la opinión pública, que es definida como la libre expresión y discusión de los diferentes puntos de vista que conviven en una sociedad y cuya función es actuar como factor de equilibrio social”, se lee en el comunicado de la CEB.

Si bien es necesario luchar, agrega, contra actitudes discriminatorias en la sociedad, es importante garantizar que cualquier legislación sea compatible con los principios de pluralidad, libertad de pensamiento y libre expresión, promoviendo la educación en valores antes que la restricción de derechos y libertades fundamentales, debido a que lo contrario supone la imposición de un pensamiento único y una sola visión de persona y sociedad que amenazan una sana convivencia social y el sistema democrático.

Por tal motivo, la Conferencia Episcopal Boliviana instó al gobierno nacional consensuar exhaustivamente la Ley antirracismo para evitar conflictos a futuro que vulneren la democracia y los derechos de la personas.

A criterio de la CEP la forma en la cual ha sido planteado el contenido del proyecto de ley da un estado de inseguridad jurídica para las personas individuales y colectivas que no cuentan con un parámetro claro de cuáles son las conductas que serán calificadas y juzgadas como discriminatorias, base fundamental para regular la conducta de un pueblo.

Otro detalle que criticó fue la capacidad de interpretación que se delega en el proyecto a las autoridades públicas pues deja, según la entidad Católica, abierta a la posibilidad de innumerables vulneraciones de derechos y rompe la lógica jurídica de seguridad que todo Estado de derecho debe brindar.

Por su parte, las contradicciones dentro de la bancada oficialista se hicieron evidentes ante las críticas de sectores sociales, tal como ocurrió esta mañana con la aseveración del senador masista, Isaac Ávalos, quien aseguró que el proyecto sería aprobado sin modificación alguna.

Contrario a esta posición, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Eduardo Maldonado, anunció en horas de la tarde que esa instancia legislativa recibirá, a partir del 3 de octubre, las observaciones de sectores sociales y de la población en general que permitan modificar el proyecto de ley.