Díaz Ferrán, citado a declarar en un caso de corrupción en concesiones de puertos

Además afecta directamente al ex presidente de este ente público, Joan Verger, y al actual director, Ángel Matías. A ambos se les relaciona con la presunta manipulación del concurso público para explotar el club náutico de Mahón, que fue concedido a la citada sociedad del todavía presidente de la CEOE.

El registro fue dirigido por el juez Antoni Rotger, del juzgado de instrucción número 8 de Palma, bajo la supervisión de los fiscales Anticorrupción, Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán. Se investigan los presuntos delitos de estafa, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios y alteración de precios de concursos y subastas públicas, según detallaron ayer fuentes policiales.

La Policía ha denominado a la operación Mar Blau. La prueba de la presunta trama pilota sobre una grabación que recoge una más que sospechosa conversación entre Joan Verger, Ángel Matías y el antiguo presidente del club Marítimo de Maó, Luis Barca. Este directivo náutico fue quien presentó la denuncia que ha motivado este registro. Entre los despachos inspeccionados estaba el del actual director del organismo público, Ángel Matías.

El registro se inició poco antes de las diez de la mañana y concluyó entrada la noche. Los investigadores, que contaron con el apoyo de técnicos de la Agencia Tributaria, se llevaron abundante documentación que se centraba en dos expedientes. El primero, sobre la explotación del club náutico de Mahón, y el otro se refiere al concurso público sobre el puerto deportivo Ibiza Nueva de Ibiza, adjudicado a la ibicenca Sercomisa y Trapsayates.

Los fiscales también estuvieron ayer presentes en el registro de la oficina principal de Trapsayates en Menorca, antes de acudir a la Autoridad Portuaria. También se registró la sede de esta empresa en Palma, que fue encontrada vacía, y el domicilio de un directivo de la sociedad.

El concurso para la explotación del puerto de Mao se concedió a la empresa Trapsayates, un conglomerado societario encabezado por los empresarios Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, propietarios del Grupo Marsans. Pero Antes de que se fallara el concurso, Verger y Matías habrían mantenido reuniones con el presidente del Club Marítimo de Maó, que representaba a la institución explotadora hasta entonces de la instalación. Un socio del Club Marítimo ya denunció en octubre de 2008 el presunto amaño. Como prueba aportó una grabación que recoge una conversación en la sede de la Autoridad Portuaria con los dos máximos responsables de los puertos, Verger y Matías. Dijo que le insinuaron que el concurso estaba prácticamente otorgado a otra empresa, pero que existía la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

Verger, según la denuncia, le anunció que Trapsayates estaba dispuesta a renunciar al concurso a cambio de una compensación económica y de tres amarres en una de las zonas de más eslora del puerto. Tras esta conversación, el Club Marítimo, siguiendo las indicaciones que le manifestó Verger, firmó un acuerdo pantalla con una sociedad denominada Teinver, relacionada empresarialmente con Trapsayates. Este acuerdo consistía en la entrega de tres amarres de 27 metros de eslora a cambio de unos informes que nunca se hicieron. Anticorrupción quiere aclarar si este pacto al margen del procedimiento legalmente establecido tuvo un coste para los responsables de la Autoridad Portuaria.

Meses más tarde, el grupo que encabeza Díaz Ferrán, con otras sociedades, se adjudicó las concesiones del puerto Ibiza Nueva, ahora denominado Marina Ibiza, y el varadero de Palma.

La empresa ibicenca se defiende

Precisamente, Rafael Cardona, delegado de Sercomisa, que se adjudicó Ibiza Nueva junto a Trapsayates (juntos constituyeron la empresa Semar), negó cualquier irregularidad en el proceso y explicó que adquirieron la participación de la empresa ahora investigada en mayo de 2009, quedándose con todas las acciones.

Cardona recordó que el informe técnico para adjudicar el concurso fue realizado por una empresa ajena a la Autoridad Portuaria y que su oferta era la que más inversión proponía y mayor canon anual ofrecía por la explotación del puerto. "Nunca hemos tenido nada que ver ni con Maó ni con los otros puertos que [Trapsayates] tiene adjudicados", explicó Cardona. "Si han hecho algo ilegal, que paguen", agregó.