El artículo 139 indica que dicha reducción en el costo será de 10% si la familia tiene entre 10 y 20 años alquilada; de 15%, si tiene entre 21 y 30 años; de 20%, si la relación arrendaticia es de entre 31 y 40 años, y de 25% si es mayor a 41 años.
El precio de venta debe incluir aspectos como el valor actual de construcción de inmueble, la depreciación y el valor de reposición.
El anteproyecto le da la preferencia de oferta al arrendatario para tener en venta en primer lugar y con preferencia ante cualquier tercero del inmueble que ocupa.
Adicionalmente, la novena disposición transitoria señala que, en aras de erradicar el latifundio urbano, se obliga a los propietarios de edificios destinados al arrendamiento y construidos hasta 1987 a ofrecer en venta los inmuebles que ocupan los inquilinos, indistintamente del tiempo que estos tengan ocupándolo, en un lapso máximo de 180 días a partir del momento en que la oficina nacional de inquilinato fije el precio de venta.
Ese precio de venta toma en cuenta el estado de la bienhechuría y no factores como el valor de la tierra, la ubicación y costos del mercado.
También se ordena a la banca pública y privada priorizar todos los créditos de adquisición de estos inmuebles, tomando en cuenta el interés colectivo del país.
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