La promotara dejó supuestamente a 2.000 personas sin vivienda
El 17 se presentan las conclusiones de la acusación en el juicio a la CPV
martes 04 de septiembre de 2007, 17:48h
Actualizado: 10 de octubre de 2007, 11:36h
La Fiscalía de Madrid y las acusaciones personadas en el juicio por la supuesta estafa inmobiliaria de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), que en octubre de 2002 cerró sus oficinas dejando a casi 2.000 clientes sin piso en los PAUs de los barrios del norte pese a haber adelantado parte del dinero, presentarán el próximo 17 de septiembre sus conclusiones definitivas contra los procesados, cuatro directivos de la empresa y dos de sus presuntos testaferros.
La Audiencia Provincial de Madrid juzga desde el pasado abril a Francisco García Moreno, el principal imputado por la supuesta estafa de la promotora, a dos de sus hijos y a otros tres acusados. El Ministerio Público solicita para ellos penas de entre 4 y 16 años por un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental, y exige que los procesados paguen una multa de 60.000 euros diarios durante 36 meses.
Una vez que se anuncien las calificaciones definitivas, el fiscal Anticorrupción y las acusaciones populares y particulares procederán a exponer sus respectivos informes. La siguiente sesión tendrá lugar el día 24, cuando previsiblemente concluya el juicio con la última palabra de los encausados.
La Fiscalía de Madrid sostiene en su escrito de acusación que los acusados obtuvieron de los supuestos estafados cerca de 37,5 millones de euros a cambios de pisos que se iban a construir en los nuevos PAU de Montecarmelo, Sanchinarro y Las Tablas.
Según el fiscal, los afectados firmaban un contrato de "adquisición de vivienda", que incluía una clausula que estipulaba que el dinero adelantado iría destinado a una cuenta especial abierta en un entidad bancaria de "solvencia reconocida", y otra que contenía el compromiso de que recibirían un aval para garantizar la entrega de dinero.
La Sección Decimoquinta reanudó este martes las sesiones del juicio con la declaración de varios de los afectados que no comparecieron durante la fase testifical. Francisco, Carlos, Ildefonso y Rafael adquirieron entre 1998 y 1999 un piso en los nuevos barrios del norte de Madrid, pero nunca se llegaron a construir.