Maldita corrupción

Resulta insoportable la desazón que provocan los casos de corrupción que salpican la geografía política española. Y la europea, comentaban en una tertulia radiofónica cuando se discutía sobre el caso del presidente del Banco Nacional de Suiza. Y alguien recordaba que en Francia el ex presidente Jacques Chirac fue condenado hace tres semanas. Y el de Alemania no quiere dimitir. Y después surgía en la conversación la actuación del grupo Murdoch en Gran Bretaña. El colofón se situaba en la influencia de la mafia en Italia y en los múltiples cambios de leyes que realizó Berlusconi para esquivar la acción de la Justicia. No se trata de colocar el ventilador  de la maldita corrupción para justificar que se trata de una lacra extendida en todas las democracias occidentales y que hay que asumirlo y convivir con ella. No podemos ni debemos resignarnos a una situación que rebosa cualquier tipo de paciencia, de resignación, de excesiva buena fe en unos dirigentes políticos que utilizan sus cargos para un enriquecimiento vil mientras el resto de sus conciudadanos se las ven y se las desean para llegar a fin de mes.

 También hay que dejar claro que son minoría los casos de desaprensivos que medran en la política para conseguir grandes beneficios a costa del dinero del contribuyente y que es injusto generalizar en la atribución de una práctica abominable a la clase política porque la gran mayoría realizan su trabajo con mayor o, más bien, menor acierto pero con honradez. Es muy lamentable despertarse por la mañana con la noticia de la comparecencia de un ex presidente de comunidad autónoma en el banquillo de los acusados; y otro ex presidente en otro; y con la enésima violación del secreto del sumario que acusa a un miembro de la Familia Real; y con la declaración de un chófer que explica como utilizaba las subvenciones un director general de una comunidad autónoma; y con un ex ministro en el caso Campeón. No hace falta ponerle nombres y apellidos, de sobra conocidos; lo que es inexcusable es la más estricta exigencia a los dirigentes de los partidos políticos de no consentir ni la más mínima actitud desviada y a los jueces de actuar con la mayor celeridad posible, garantizando todos los derechos, incluida la presunción de inocencia al evitar que se filtren los sumarios, y condenar con todo el peso de la Ley a los que resulten culpables. Nunca se puede consentir, ni asimilar como inevitable la corrupción, pero mucho menos en una situación de grave crisis económica con cinco millones de parados. Nos jugamos la credibilidad de la democracia.