Cuatro comunidades siguen siendo las que mayor número de solicitudes de órdenes de protección reciben, las más pobladas: Cataluña, con 1.538, Madrid, con 1.517, Andalucía, con 1.462, y la Comunidad Valenciana, con 1.200.
Los juzgados competentes en violencia de género recibieron 31.789 denuncias entre abril y junio pasados —un 8 por ciento más respecto al primer trimestre de 2007—, pero en más de 3.000 casos las víctimas renunciaron a seguir con el procedimiento.
Así lo refleja un informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que toma en cuenta las denuncias interpuestas durante ese período en los 46 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer existentes en España, así como en los 415 juzgados con competencias compartidas.
Así, los datos totales arrojan que se presentaron 345 denuncias diarias por maltrato en toda España.
De las 31.789 denuncias, el 78,2 por ciento (24.872) fueron presentadas con atestado policial, el 11,5 por ciento (3.649) por las propias víctimas, el 9,3 por ciento (2.952) lo fueron a través de remisión del parte de lesiones, tras ser atendidas en centros hospitalarios, un 0,7 por ciento (207) por remisión de servicios de asistencia o terceros en general y 109 denuncias fueron presentadas por familiares (un 0,3 por ciento).
Comparando los dos primeros trimestres de 2007 se constata una tendencia al alza de las denuncias: de las 29.277 del primer trimestre a las 31.789 denuncias en el segundo, un 8% más.
Ello confirma, según el Observatorio, la tendencia, lenta pero permanente, a denunciar esta violencia en el ámbito de la pareja o ex pareja.
De las 31.789 denuncias interpuestas, en 3.228 casos —el 10,15 por ciento— las víctimas renunciaron a seguir el procedimiento, lo que supone un leve aumento de un 1 por ciento sobre el trimestre anterior.
En cuanto a los delitos instruidos a través de los JVM, el más habitual es el de lesiones, el 69 por ciento, le siguen el delito contra la libertad (coacciones y amenazas, 9 por ciento); el delito contra la integridad moral (6 por ciento), y el delito contra los derechos y los deberes familiares (4 por ciento).
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