La Defensoría del Pueblo de Ecuador apoya la causa del migrante Luis Solórzano
Una hipoteca hace que Ecuador demande a España ante el Tribunal de Derechos Humanos
martes 22 de enero de 2013, 13:27h
"Quisimos tener un sueño en la vida y estamos viviendo una
pesadilla". Así comenzó el Defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira,
la rueda de prensa, parafraseando a Luis Solórzano, un emigrante nacionalizado
que será el primero en llevar al Gobierno de España ante el Tribunal
Internacional de Derechos Humanos. Él es una de las miles de personas que se
han visto afectadas por la hipoteca.
En la demanda, apoyada por la defensoría del pueblo, se
solicita que inste al Estado español a que cambie la ley de enjuiciamiento
civil que no permite "un juicio justo en el que el juez pueda escuchar a ambas
partes, ponderarlas y resolver".
De esta forma se busca comenzar un cambio de la ley
hipotecaria que es al final otro hecho más que comulga con los pronunciamientos
que han hecho algunos jueces, de no continuar con los procesos de desalojo
hasta que no haya un pronunciamiento definitivo, situación similar que han
presentado en otros puntos de España cerrajeros o la policía o las muchas
manifestaciones que ha hecho la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha
considerado Rivandeneira..
"La actuación de la defensoría del pueblo no es un acto
contra el Gobierno", quiso aclarar Rivadeneira, "es la posibilidad de abrir un
espacio de reflexión y de acuerdos, nuestra es la participación es con el fin
de que podamos tener mejores situaciones de dignificación del ser humano".
Es la primera denuncia pero no se descarta que lleguen más
pues uno de los requisitos para poder optar a este mecanismo de justicia
internacional es que se agoten todas las vías internas. "puedo decir con certeza
que estamos defendiendo otros casos en las instancias internas y que esperamos
que se resuelvan positivamente como ya ha ocurrido en otros casos en los que se
ha dotado la dación en pago", no así en el caso de Luis Solórzano.
El defensor del pueblo ecuatoriano es claro: "acudimos al Tribunal
de Derechos Humanos de Estrasburgo porque consideramos que al no permitirse
exponer las razones de no pago ante un juez se vulnera el derecho a una
justicia de la que deben gozar todos los ciudadanos". Asimismo, "consideramos
que el ejercicio de la justicia es fundamentalmente de ética y no puede darse
en un sitio donde es escuchado una sola de las partes".
"Estamos conscientes y agradecidos la solidaridad del pueblo
español respecto a los migrantes ecuatorianos, España les abrió las puertas en
un momento difícil", en que en el caso de Ecuador fue producto de la crisis
bancaria de finales de los 90
Eso no evita que desde Ecuador se haya decidido "emprender
la defensa con firmeza de los ecuatorianos" porque "así lo indica la Constitución
ecuatoriana en el artículo 214".
Para ello, "hemos contratado el servicio de abogados en
España" y se ha atendido a unos 6.000 ecuatorianos, aunque "nos dicen los
estimativos que no son menos de 15.000 familias afectadas pero son estimativos
que pueden crecer".
El caso Solórzano
Luis Solórzano es un ecuatoriano ahora español, que llegó a
España en el 99, al poco tiempo llegó su esposa y 4 años después llegó su hijo
mayor, su hijo menor nació en España. Hasta 2008 trabajó en la construcción.
Tuvo un accidente y su dedo pulgar de la mano derecha quedó paralizado, impidiéndole
ejercer sus funciones por lo que perdió el trabajo.
Ante la dificultad de pagar una hipoteca de 640 euros cuando
su ingreso era de 700 euros en situaciones normales. Cuando no pudo pagar su
préstamo intento negociar la casa con el banco para que se configurara la
dación en pago. El banco nunca aceptó, por el contrario inició un procedimiento
civil con el fin de ejecutar la deuda.
"Suscribimos la posibilidad de que se regule la dación en
pago para que las personas resuelvan el conflicto devolviendo el bien" asegura
el defensor del pueblo. Si se llega a ejecutar la deuda, "Luis devolverá el
bien, será desalojado y continuará con una deuda durante muchos años".
En su opinión, la solución más justa es "que se plantee y
replantee la posibilidad de que la dación en pago resuelva estas situaciones" y
que el alquiler social sea "alternativa de solución a la crisis".