35 años de apertura e integración

A lo largo de estos 35 últimos años, desde la aprobación de nuestra Constitución, el hecho más relevante bajo el punto de vista económico ha sido la creciente apertura de nuestra economía y, sobre todo, la integración en la Comunidad Europea en el año 1986 y la incorporación al nuevo proyecto de Unión Monetaria en el año 1999.

En efecto, España comenzó su apertura al exterior con el Plan de Estabilización de 1959, acabando con 20 años de autarquía y muchos más de fuerte proteccionismo exterior, que provocaron un empobrecimiento real frente a terceros. España sólo ha progresado a través de mercados más amplios, lo que permite aprovechar las ventajas de las economías de escala y del incremento de la competencia, fundamentalmente; pero sobre todo mediante los procesos de integración económica.

Precisamente para poder solicitar la incorporación formal a la entonces Comunidad Europea fue necesario realizar la transición política, puesto que los países miembros eran todos democracias parlamentarias, condición necesaria, junto con ciertos niveles homogéneos de desarrollo para la integración plena. Esta se efectúa el 1 de enero de 1986, tras la firma del Tratado de Adhesión en junio de 1985, junto con Portugal.

Nada más incorporarnos, la Comunidad inició un profundo proceso de reforma institucional, mediante la firma del Acta Única Europea, que desde la perspectiva más económica significó la creación del Mercado Único Europeo. Desde ese momento, España era un país más liderando un nuevo proceso, y no un país como antes de 1986, que solicitó la incorporación a un club constituido en 1958.

El otro gran paso en nuestra apertura exterior fue el de pertenecer a la primera velocidad de la Unión Monetaria en 1999, tras la firma del Tratado de Maastricht en 1992. La moneda única significaba la consolidación definitiva del mercado único, puesto que eliminaba la incertidumbre cambiaria que perjudicaba el comercio, reducía los costes de transacción y establecía un sistema absoluto de precios referenciados todos en euros.

Sin lugar a dudas, estos procesos de integración han sido enormemente beneficiosos para el desarrollo y bienestar de nuestro país. Sin embargo, en algunos momentos, en estos 35 años, se han producido importantes incoherencias entre la acertada política de apertura e integración exterior, con la política interna que debía haber impulsado permanentemente una mejora de la competitividad de España al someternos a una mayor competencia externa. Ésta debería haber sido más intensa al incorporarnos al euro, lo que significaba renunciar no solo a la política monetaria nacional, sino a la cambiaria; lo que impedía las devaluaciones competitivas. En definitiva, estos procesos ofrecen más oportunidades, pero representan más competencia, lo que obliga a ser más competitivos.

Afortunadamente en las dos últimas crisis todos los agentes económicos, Gobierno, empresas y trabajadores, estamos realizando un gran esfuerzo para mejorar nuestra competitividad y superar la crisis mediante, en gran medida, exportaciones de bienes y servicios.

La política económica está centrada en la consolidación fiscal, puesto que la estabilidad es dinámica y al reducirse el riesgo de insolvencia, bajan los tipos de interés lo que favorece la inversión y el consumo. Asimismo, se están aplicando reformas estructurales profundas en los mercados laboral y energético y en el sector financiero y se está restableciendo la tan necesaria unidad de mercado.

Nuestra competitividad externa se está beneficiando de una "devaluación interna" de precios y salarios y de unos mercados más eficientes. También las empresas están realizando, con el apoyo en la mayoría de los casos de los trabajadores, un fuerte ajuste de costes, una creciente mejora de innovación y grandes progresos en productividad, que las están permitiendo un gran aumento de sus exportaciones; no como una situación coyuntural ante la caída de la demanda interna, sino con una clara estrategia presente y futura de diversificación de mercados. Asimismo desde los años 90 España ha pasado de ser un receptor de inversión extranjera a tener grandes empresas multinacionales, que han permitido sobrevivir a la crisis en mejores condiciones.

En definitiva, a lo largo de estos 35 años desde la aprobación de la Constitución, se ha impulsado la libertad como concepto indivisible, entre libertad política, económica y civil.


[*] Juan E. Iranzo es Decano-Presidente del Colegio de Economistas de Madrid